Los familiares sostienen que Carranza fue víctima de una ejecución extrajudicial ordenada directamente por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el marco de una ofensiva aérea contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico. Según la petición, Hegseth impartió instrucciones de “neutralizar a todos los ocupantes” de las lanchas detectadas, sin requerir identificación previa ni evidencia de actividad ilícita.

Alejandro había salido a pescar el 14 de septiembre desde el sector de Taganga, en Santa Marta. Informó a su hija menor que estaría de regreso en pocos días. Horas después, su embarcación fue destruida por un misil disparado desde un dron MQ-9 Reaper. Los videos difundidos por el propio Pentágono permitieron a la familia reconocer la lancha por sus colores y las averías que presentaba antes del ataque.

Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha entregado ninguna prueba que vincule a Carranza con el narcotráfico y mantiene que todas las personas abatidas en más de veinte bombardeos similares eran “narcotraficantes”. En total, estas operaciones han dejado al menos 82 muertos en el Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre.

El abogado estadounidense Dan Kovalik, quien también representa al presidente Gustavo Petro en causas internacionales, asumió la defensa de la familia Carranza. “Este es el primer caso en que se lleva ante el sistema interamericano una muerte causada directamente por una operación militar estadounidense en aguas cercanas a Colombia”, explicó Kovalik.

La denuncia pide a la CIDH que declare la responsabilidad internacional de Estados Unidos por la violación del derecho a la vida, al debido proceso y a la protección judicial, y que ordene reparación integral a los hijos y padres de la víctima.

En Colombia, el caso ha generado indignación y ha agravado la tensión diplomática con Washington. El presidente Petro ha calificado el hecho como “un asesinato de Estado” y una violación de la soberanía nacional.

Por su parte, en Estados Unidos comienzan a escucharse voces críticas, incluso desde sectores militares retirados, que cuestionan la legalidad de órdenes que permiten ataques letales sin identificación positiva de los objetivos y sin posibilidad de rendición.

La familia Carranza espera que la Comisión admita el caso a la brevedad y, eventualmente, lo eleve a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para obtener justicia y evitar que más pescadores y tripulantes civiles sean alcanzados por esta ofensiva.