En la mitología griega, encontramos a Themis, una de las Titánides, quien encarna la esencia de la Ley Divina y el orden natural. Su progenie, Dike, simboliza la justicia humana y la imparcialidad. Ambas deidades sostienen no solo la balanza que mide equitativamente los hechos y comportamientos de los ciudadanos, sino también una espada, herramienta que representa la fuerza necesaria para imponer la justicia. La unión de estos elementos—la balanza y la espada—sugiere que la justicia no solo debe ser justa, sino también fuerte y capaz de ser ejecutada, enfatizando la seriedad del mandato que llevan consigo.

Con el tiempo, esta iconografía se perfeccionó en Roma, donde Iustitia se volvió la deidad equivalente. La adición de una venda sobre los ojos se interpreta como un símbolo de objetividad y ceguera deliberada hacia la identidad de las personas implicadas. Este velo es esencial en la concepción de una justicia que opera sin favoritismos, una justicia que se establece en la premisa de que el veredicto debe ser ciego e imparcial, independientemente del poder, riqueza o debilidad de las partes involucradas. Tal ideal, que hoy se erige como un estándar universal, refleja la aspiración de que la magistratura judicial actúe en función del derecho y la equidad.

Sin embargo, la realidad contemporánea presenta un panorama desalentador. A menudo, aquellos que asumen el rol de impartir justicia parecen ignorar el ideal clásico representado por la figura vendada de la justicia. Con alarmante frecuencia, la venda se corre, permitiendo que el brillo de intereses políticos, económicos o ideológicos influya en sus decisiones. Las balanzas, alguna vez equilibradas, se inclinan peligrosamente por el peso de las presiones externas, mientras que la espada, en lugar de apuntar contra la injusticia, amenaza a quienes en verdad deberían estar protegidos.

El fenómeno de la corrupción que permea las instituciones de justicia revela una triste realidad: cuando el poder político o económico pervierte la justicia, las garantías para los justiciables desaparecen. Historias de líderes que emplean a la justicia como herramienta de control, ordenando persecuciones masivas contra ciudadanos inocentes, son cada vez más frecuentes. Los principios fundamentales del estado de derecho son vulnerados, dejando a muchos en la orfandad jurídica y sin defensa práctica frente a abusos de autoridad.

Esta tendencia es particularmente evidente en naciones que, a pesar de su desarrollo económico, aprenden y repiten patrones de conductas impropias, creando un ciclo vicioso donde lo ilícito es legitimado. Grandes democracias, en ocasiones, se ven amenazadas por decisiones incoherentes de líderes que, bajo la ilusión de un futuro prometedor, optan por sacrificar la integridad de las instituciones en favor de intereses personales o de grupo. Bajo estos contextos, se hace común que jueces y magistrados sean cooptados por un sistema que les exige rendir cuentas a quienes ostentan el poder, diluyendo así su independencia.

Sin importar el desarrollo, performance económico y tecnológico, además de importar bienes y servicios generados en países del tercer mundo, son fans de sustancias nocivas, contumaces consumidores de vicio y además de políticas fallidas de regímenes impresentables. Es así como se hace natural que las grandes democracias se resquebrajen, sean amenazadas con su decapitación por acciones incoherentes de personajes de momento, quienes obnubilan al colectivo y terminan rompiendo la columna vertebral de las instituciones, para luego sustituirlas con “prótesis aliñadas” que siempre tendrán el riesgo de refracturarse. Países que entregan la elección de sus jueces al poder económico, en una sociedad preñada de ilícitos. Sociedades donde los adversarios son enemigos a destruir sin valorar pruebas o discriminar los elementos de convicción.

Un ejemplo reciente de esta deformación es la sentencia contra el expresidente Uribe en Colombia, donde se evidencia cómo el pulso del poder ejecutivo puede inclinar la balanza de la justicia. Aquí se plantea la necesidad urgente de recuperar la sindéresis, esa capacidad de juicio y sensatez que permita a los sistemas democráticos sanar y fortalecerse. La justicia necesita ser reintegrada en sus principios más justos, lejos de ser un instrumento de opresión.

La enseñanza del cantautor venezolano que advierte sobre los peligros de la ignorancia resuena con fuerza: "Yo vengo de donde usted no ha ido, y he visto las cosas que no ha visto". Así, la reflexión sobre la justicia y el derecho cobra urgencia en un mundo que se enfrenta a retos inigualables en su búsqueda por la verdad y la igualdad. La recuperación del ideal de la dama ciega, con la balanza en una mano y la espada en la otra, no solo debería ser un objetivo para Colombia, sino un llamado universal para todas las sociedades en pro de un futuro donde la justicia vuelva a ser un sinónimo de imparcialidad y equidad.

En fin, la representación de la justicia como una figura femenina que sostiene la balanza y la espada es más que un símbolo cultural, cuyo legado está en peligro; es un recordatorio del compromiso que cada sociedad debe tener con la verdad y la equidad. La lucha por una justicia independiente y justa es un desafío continuo, y es fundamental que todos los actores sociales se comprometan a restablecer los pilares que deberían sostener a cada comunidad. Solo así podremos garantizar que la justicia no se convierta en presa de poderes oscuros, sino que brille como un faro de esperanza y equidad en el camino hacia un futuro mejor.

Pedroarcila13@gmail.com