Cuando el ciudadano Dumont, primer jurado en el juicio realizado a Francisco de Miranda en Francia, en mayo de 1793, entró a considerar en su audiencia la conducta militar del prisionero acusado de traición en complicidad con el general Dumourier en ocasión a sus acciones durante el sitio de Maestricht, Lieja y la batalla de Neerwinder, en momentos en que la Revolución Francesa de debatía entre los intereses de los grupos, definió las condiciones de los procesos judiciales indicando que: “Nosotros no tenemos otro juicio que la conciencia, inevitablemente en medio de la borrasca de todas las pasiones; nosotros no debemos contar en nuestras opiniones sino con nosotros mismos; es por ello que importa a la salud de la República que este tribunal no cese una instante de estar rodeado de la confianza de todos los buenos ciudadanos… La Nación ha sido indignamente traicionada; la perfidia de muchos de nuestros generales es constante; el pueblo demanda, con razón, el castigo de los culpables, pero sí los grandes males han extendido las sospechas sobre todas las personas puestas en estado de arresto, estos perjuicios están fuertemente enraizados y yo creo necesario fijar la opinión pública sobre el asunto actual”.