Costa Rica atraviesa «una verdadera emergencia a causa de la violencia y criminalidad que, sin precedentes, nos golpea a todos», por lo que «debemos volver nuestra mirada al Señor Resucitado e implorar su presencia en medio de nosotros para que restablezca la paz en Costa Rica», se lee en el mensaje de los obispos al finalizar la Semana Santa.

«¿Costa Rica también?», se preguntaban, incrédulos algunos al leer el mensaje pascual de los obispos costarricenses. Y la sorpresa está justificada.

Por generaciones y desde siempre, Costa Rica ha sido considerado uno de los países más civilizados de América Latina. Su alto nivel educativo y sus cualidades para la intermediación hicieron de la diplomacia costarricense un recurso importante para solventar conflictos que siempre existían en nuestra Latinoamérica, menos en Costa Rica.

Era frecuente escuchar a quienes se acercaban a la edad del retiro decir: «Me gustaría pasar mi tiempo en Costa Rica». De hecho, muchos compraban viviendas y fincas en ese hermoso país.

Una canción popular de los tiempos de los bisabuelos rezaba:

La llaman la suiza centroamericana.

(…)

Y en su meseta por montadura,

luce el diamante de su San José.

El análisis de la BBC se adelantó a esta situación. Desde el 2015 prevenía: «Aunque poco tiene que ver con el históricamente estable país europeo, Costa Rica a veces parece estar a años luz del Triángulo Norte de América Central, una zona que alberga a algunos de los países más violentos del mundo».

Para ese momento, algunos medios locales señalaban que el número de asesinatos directamente ligados al tráfico de drogas y los casos no esclarecidos pero con características típicas de ese tipo de criminalidad suman un 40% del total de homicidios.

Hoy el narcotráfico es señalado como culpable de la violencia en que se encuentra sumida Costa Rica. Y dicen que varios episodios de ensañamiento extremo ocurridos a plena luz del día dejan pocas dudas al respecto. Para las autoridades, es el sello inconfundible del modus operandi de este tipo de criminales.

Como zona de paso no sólo es enlace para el transporte de la droga, sino que se ha convertido en el almacén de la droga que después se enviará, vía Panamá, a diversos países del mundo. Y una parte se queda en el país, para el mercado nacional, según han explicado las propias autoridades.

Tal parece que la actividad está presente en la región desde la década de 1980, según el informe Costa Rica in the Crosshairs, escrito por el analista Michael Porth, de la consultora Virtual Defense & Development International, y publicado en diciembre de 2011.

Si bien es un problema que azota a toda la región, es triste que una nación conocida en el pasado como la «Suiza centroamericana» -pues durante la Guerra Fría se mantuvo políticamente neutral y gozaba de mejores condiciones que sus vecinos, no había cárceles ni ejército- hoy se encuentre, como ha sido dicho, «al filo de la violencia».

Muchos cambios ocurrieron desde que, en la vecina Nicaragua, comenzó la protesta popular contra la dictadura de Ortega y su mujer. Su actual crisis política inició el 18 de abril de 2018 con protestas en la capital de Managua, provocadas por la oposición a los planes del Gobierno de Daniel Ortega de recortar las pensiones y el sistema de seguridad social.

Hoy, ha recrudecido la represión y los abusos del régimen y hasta la Iglesia católica ha sido blanco de su furia, como lo hemos visto en los últimos meses.

Los «ticos» siempre fueron hospitalarios, generosos y cariñosos con quienes llegaban a su territorio. Comenzaron a recibir a miles de personas, que huían de los asesinatos, las violaciones a los DDHH, las torturas y las tensiones. ACNUR viene dando buena y puntual cuenta de este drama.

Ese mismo año de 2018, la Agencia de ONU para Refugiados informaba acerca de la situación y pedía a la comunidad internacional «solidaridad» con Costa Rica y otros países que acogen a los «miles» de nicaragüenses que huyen de su país.

Siendo países fronterizos, una media de entre 10 mil y 150 mil nicaragüenses, residentes para el momento en Costa Rica, solidariamente ofrecieron una «red de seguridad inicial» para asistir a sus compatriotas que entraban como refugiados a razón de 200 por día.

Sin lugar para el odio, violencia y discriminación
Ante aquella situación sobrevenida, cientos de costarricenses se manifestaron en contra de la llegada de migrantes y refugiados que huían de Nicaragua.

El Sistema de las Naciones Unidas se apresuró a rechazar las agresiones y manifestaciones xenofóbicas. Ciertamente, como ha ocurrido en otros países afectados por los flujos migratorios, se produjeron agresiones y manifestaciones discriminatorias contra nicaragüenses ocurridas en distintos puntos de la capital del país, protestas que terminaban en disturbios y detenidos.

«En Costa Rica no debe haber lugar para el odio, la violencia y la discriminación. Los ticos y ticas son gente respetuosa y muy solidaria y podemos afirmar que estas acciones y discursos de odio no representan a la gran mayoría», se leía en un comunicado de la ONU.

Ya más recientemente, otros factores se han sumado a la incubación de violencia en el país. La desigualdad, la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades en educación son parte de la inseguridad ciudadana hacia una condición de vida digna. Esto ha configurado un ambiente tenso que prefigura el peor de los escenarios en materia de violencia, a juzgar por los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solo en los primeros dos meses del 2023, se contabilizaron 142 casos de homicidios.

Enero de 2023 se califica como el más violento (76 asesinatos) en la historia de Costa Rica. El Programa de Análisis de Coyuntura, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA) expresa lo siguiente:

«En cualquiera de los escenarios hay una gran cantidad de elementos socioculturales, políticos y económicos vinculados, pero todos relacionados con lo que podemos llamar la violencia estructural que se resume en cada una de las acciones que el Estado, como garante de los derechos humanos de la población y la paz social, ha dejado de ejecutar para crear condiciones de vida dignas de la población».

El Fiscal General reveló: «Estamos viviendo luchas entre bandas de crimen organizado. Si ustedes ven la estadística, el principal motivo de los homicidios es lo que se conoce popularmente como ajustes de cuentas, que generalmente están relacionados con la lucha entre bandas criminales que quieren obtener el control de plazas para vender drogas».

El Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, por su parte, señaló a la pobreza y la escasez de oportunidades de empleo como un factor determinante en los cantones del país que sufrieron un incremento sostenido en la tasa de homicidios de la última década.

Obviamente, estas estadísticas dispararon las alarmas de las autoridades pues tipifican los hechos con un alto grado de crueldad.

«La mayoría de los casos -según el organismo judicial- están asociados con ajustes de cuentas vinculados con el tráfico de drogas, luchas por territorios y víctimas secundarias de estos procesos, pero también con robos, asaltos, así como feminicidios y se visibiliza una mayor violencia contra infantes, en donde están involucrados otros factores».

Las dimensiones que ha alcanzado este problema también alarman a la Iglesia costarricense. El episcopado hizo de esta angustia el centro de su mensaje pascual: Costa Rica -dicen los obispos- vive «uno de los momentos más difíciles de su historia por la cantidad de asesinatos que enlutan a nuestras familias, por la violencia que ha penetrado en todas nuestras comunidades y por el temor que se ha apoderado de la sociedad».

Claman por una reconciliación nacional que incluya un diálogo sincero y efectivo que abarque a todos los sectores. «Muchos hoy opuestos entre sí por razones políticas o ideológicas, se podrán construir verdaderos caminos para la paz y la concordia», señalaron.

Y rezaron para que Jesús resucitado «ilumine todas aquellas oscuridades que nos llenan de vergüenza, y disipe todo signo de maldad y para que restablezca la fraternidad y la justicia».

Los analistas coinciden en recomendar la creación de oportunidades y políticas de paz, aunadas al fortalecimiento de sistemas de seguridad, así como invertir en educación y comenzar, desde las escuelas, a prevenir contras las drogas sembrando mensajes de convivencia y respeto ciudadano que se arraiguen en las comunidades.

En fin, esmerarse en una política firme y sostenida que promueva la educación, la generación de empleo y la asistencia social.