En octubre de 1972, la Confederación Nacional de Transporte que reunía según los cálculos de la época a 165 sindicatos de camioneros, 40 mil miembros, 56 mil vehículos, decidió paralizar indefinidamente sus labores en todo el territorio chileno, calificándose de la “peor huelga de la historia del país”, bajo el justificativo que el gobierno estatizaría este sector; manteniendo paralizado por 26 días ininterrumpidos el transporte, comercio y demás sectores.

Se unieron a la huelga entre otros, la Confederación de Comercio Detallista, Confederación de la Pequeña Industria y Artesanado, Federaciones de Estudiantes universitarios y secundarios, principales Colegios Profesionales, trabajadores de la Universidad de Chile, pilotos de LAN, la Confederación de la Producción y el Comercio como partidos de oposición al gobierno de Salvador Allende.

Para la prensa opositora consideraba con la huelga se había obtenido una apreciada “victoria para la democracia”; mientras la oficialista proclamaba “triunfo del gobierno”. Allende quien preparaba un viaje a la ONU, Cuba y la URSS, expresaría, que los daños eran tan desastrosos que llevarían al país a la necesidad de implantar “una economía de guerra”. El ministro de economía Orlando Millas indico entre los graves daños causados por el descenso en la producción agrícola y la disminución en los ingresos del gobierno por concepto de impuestos; que la situación chilena era bastante delicada.

Allende el 02 de noviembre reorganizaría su gabinete y daría entrada a altos representantes de las Fuerzas Armadas en cargos ministeriales en parte provocaría la finalización de la huelga. El general Carlos Prats González quien fungió como Comandante en Jefe del Ejército para el momento, fue designado Ministro del Interior, el general de la aviación Carlos Sepúlveda, ministro de minería y el contralmirante Ismael Huerta Díaz ocupó el ministerio de Obras Públicas.

Prats ejercía interinamente tal cargo, tal asesinato del General Rene Schneider en 1970, a raíz de la coyuntura golpista del General Roberto Viaux, quien trataría de impedir la posible designación de Salvador Allende como presidente de Chile por el Congreso.

Manifestaría comprometerse a asegurar la paz social del país y a garantizar las elecciones a celebrarse en marzo de 1973, para renovar miembros del Congreso. Quedaría claro que la incorporación al gabinete no implicaría compromiso político para las Fuerzas Armadas. Su fundamento radicaba en la situación de emergencia que vivía el país y en la necesidad urgente restablecer la “normalidad pública”. El gabinete se conformó políticamente por 3 militares, cuatro socialistas, tres comunistas, dos radicales, dos del MAPU y un independiente.

Prats expuso con claridad el objetivo de la entrada de los militares en el Ejecutivo: “Mantener la paz social, neutralizando el enfrentamiento inminente dentro de la comunidad nacional”. También indico que había que asegurar la libertad y pureza de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 y garantizar la continuidad del Gobierno Constitucional. El propósito era de restaurar en alguna medida la “calma política”.

Señaló que una de sus principales tareas era disminuir el “conflicto político”, para lo cual se requería un acuerdo amplio con el gobierno, que contara con la presencia de la Democracia Cristiana, de lo contrario, no se produciría y que en definitiva el único perjudicado con esa intransigencia de ambos sectores, sería el país.

Si bien se produjeron soluciones momentáneas, aumento las tensiones dentro del Ejercito, entre los que apoyaban la posición constitucionalista del General Prats y los que adversaban a la Unidad Popular y todo lo que representaba. Con el transcurrir del tiempo se comenzaron a producir constantes ataques a las Fuerzas Armadas y a sus miembros por los sectores políticos; acusaciones constitucionales contra ministros e intendentes aunado a la inflación, desabastecimiento, mercado negro, paros y tomas que provocarían una serie de confrontaciones directas entre militares y sectores políticos de la izquierda más radicalizada que propugnaba la creación de grupos armados con el propósito de prepararse para un eventual golpe de estado, tesis que reivindicarían en virtud de la sublevación militar del 29, de junio de 1973, conocido por el "tanquetazo", que fue un intento fallido de golpe de Estado encabezado por el coronel Roberto Souper.



La extrema izquierda objeto este nuevo gabinete en el gobierno de la Unidad Popular. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria -MIR- manifestó “el vacío de poder que llenaron los generales lo debió llenar la fuerza de la clase obrera y el pueblo”. El secretariado nacional emitiría el 8 de noviembre una declaración donde llamaba a la “clase obrera y al pueblo” a rechazar la constitución de ese gabinete, entre otras razones porque es “enormemente peligroso” aceptar alianzas con algunos altos oficiales de las fuerzas armadas sin asegurar sus garantías y sin condicionar tal alianza a un “programa común revolucionario y del pueblo”.

Esta posición coincidiría con la del Partido Socialista que pertenecía el presidente Allende manifestado a través de su secretario general; el senador Carlos Altamirano aseverando “la presencia de las Fuerzas Armadas en el Gabinete debe ser utilizado para reforzar el poder de los trabajadores”. Inclusive en determinados sectores del Partido Socialista se llegaba a comentar que estos nombramientos de militares para cargos ministeriales fue una concesión a la derecha política y un retroceso para el proceso revolucionario razón por la cual el partido debería retirarse del gobierno. Altamirano insistiría que el ministro militar significaba frenar el dinamismo del gobierno, conduciendo a éste al centrismo y reformismo, por lo tanto, “… deben salir los ministros militares del gabinete”.

Lo contrario opinaría en Partido Comunista que en vocería de su secretario general Luis Corvalan quien afirmaba que era posible consolidar un sistema socialista sin que las Fuerzas Armadas se comprometan en el proceso. La presencia en el gobierno de las Fuerzas Armadas facilitaba el cumplimiento del programa. Debiendo respetarse su apoliticismo, así como también su organización jerárquica. El ingreso de las Fuerzas Armadas al Gobierno significa un avance y un signo de fuerza, producto que ahora en el gabinete están las tres ramas de las FFAA, y la clase obrera tiene una presencia relevante, constituye un dique insalvable contra la sedición.

El Partido Nacional desde un principio, se había manifestado opuesto a la implantación de un modelo marxista en Chile, lo cual se vio ratificado cuando sus parlamentarios habían rechazado votar por Allende para ser designado como presidente en 1970, por el Congreso. El presidente del Partido, Sergio Onofre Jarpa, expresaría su total rechazo a la conducción política que le estaba dando la Unidad Popular al país, sosteniendo que el gobierno utilizaba todos los recursos y elementos de cualquier sector para apoyar su política marxista, entre ellas sirviéndose temporalmente de las Fuerzas Armadas. Inclusive planteaban que en el ámbito militar el gobierno de Allende perseguía suplantar la función de las Fuerzas Armadas y de la fuerza pública y para ello alentaba la creación de las milicias populares.

El Partido Nacional y Jarpa criticarían con mayor vehemencia tanto a los sectores de la Unidad Popular como a miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente cuando estas ingresaban a prestar colaboración al Gobierno por medio de la formación de gabinetes cívicos-militares. El senador Francisco Bulnes, declaro preferir que los representantes de las Fuerzas Armadas no continuasen prestando colaboración en el ministerio, dando paso inmediato a sus salidas, porque había que evitar que una parte de los chilenos como iba ocurriendo “poco a poco” lleguen a pensar que las Fuerzas Armadas se habían constituido en un elemento más de la Unidad Popular.

En la Democracia Cristiana, que era el partido de oposición más importante, convivían varias tendencias que se manifestaron en razón de los ministros militares en el gobierno de la Unidad Popular. La corriente denominada progresista también conocida como “tercerista” afín al excandidato Radomiro Tomic, y de una línea “menos dura”, vio que se abrían las posibilidades para un acuerdo político, en tanto los militares podían garantizarlo. Los grupos más conservadores sostenían que se corría el riesgo de que la Unidad Popular, arrastraría a las Fuerzas Armadas, o a sus altos mandos a un compromiso con el programa del Gobierno.

En general la Democracia Cristiana en principio se pronunció favorablemente por el ingreso de los militares al gabinete ministerial, bajo la hipótesis que estos deban garantías de respeto a la preservación del orden constitucional, en especial a las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Reiterando no observar la presencia de militares en el gobierno como un acto de compromiso con las ideas marxistas de la Unidad Popular, predominantes en la coalición gubernamental, sino por el contrario pretendían ser garantes ante el país del respeto a la ley y la Constitución, lo que llevaría a proyectar una influencia moderadora en el gobierno.

Para el sector de “línea dura” de la Democracia Cristiana considerado conservador y oficialista que se identificaba con el ex presidente Eduardo Frey Motalva, calificado por opositor acérrimo a la Unidad Popular, consideraba que un posible entendimiento entre el presidente Allende y los mandos militares, llevarían a las Fuerzas Armadas y sus altos mandos a comprometerse con el Gobierno. Por lo tanto, tal posibilidad debía evitarse, distanciando al gobierno de los militares y a Allende del general Carlos Prats, a quien consideraban su principal puntual y apoyo del Presidente al interior de la Fuerzas Armadas.

La elección de Patricio Aylwin como presidente de la Democracia Cristiana y Eduardo Frey Montalva como presidente del senado en mayo de 1973, empeoraron las relaciones con la Unidad Popular. Aylwin señalaba estar frente a un régimen que va al totalitarismo estatista cuyos métodos son pronunciadamente stalinistas, utilizando la calumnia y vileza contra los que discrepan, de ahí que sus procedimientos eran hipócritas. Saben que las Fuerzas Armadas tienen una devoción nunca desmentida al régimen institucional chileno.

Una vez acaecidas las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, se conformó un nuevo gabinete ministerial conformado exclusivamente por personeros civiles. El presidente Allende tomaría el camino de profundizar la “vía chilena hacia el socialismo”, que en cierta forma daba la razón a ciertos sectores de la Unidad Popular, entre ellos el Partido Socialista que propugnaba el principio de “avanzar sin transar”, descartando para el momento cualquier acuerdo con la Democracia Cristiana o que los militares siguieran colaborando con el gobierno.

El 09, de agosto de 1973, el General Prats seria llamado a ocupar el cargo de ministro de la Defensa Nacional de Chile, pero el 23 de agosto este renunciaría a su cargo de manera indeclinable y solicitaría el retiro absoluto de las filas del Ejército. La justificación de tal decisión, se debía que al apreciar que, “quienes me denigraban”, lograron perturbar el criterio de un sector de la oficialidad del Ejército; estimaba“un deber de soldado, de sólidos principios”, no constituirse en factor de quiebre de la disciplina institucional y de dislocación del Estado de Derecho, ni de servir de pretexto a quienes buscan el derrocamiento del Gobierno Constitucional.

Asumiría la Comandancia del Ejército de Chille Augusto Pinochet Ugarte quien fue recomendado por Prats a quien consideraba que tenía una larga hoja de servicios como soldado profesional y era apolítico.

El General Prats tras el golpe de Estado del 11 Septiembre de 1973, buscaría exiliarse en Argentina , siendo considerado como huésped del Ejército Argentino y del presidente Juan Domingo Perón; quien inauguraba su tercera presidencia tras el proceso electoral del 26, de septiembre de 1973.

El General Prats seria asesinado por una carga explosiva en su vehículo con su esposa Sofía Cuthbert el 30 de septiembre de 1974, en la ciudad de Buenos Aires, cuya autoría es atribuida a miembros de la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, policía secreta del gobierno de Augusto Pinochet.