Debemos establecer conceptualmente dos instituciones que siempre se confunden y se les da una connotación que no tienen. Se confunde régimen con sistema, con ideología y con gobierno. Por ello, vamos a esclarecer lo que es régimen político, como el conjunto de “...instituciones y valores que animan la vida de tales instituciones...” (Bobbio). Entonces, el régimen recoge los valores de la sociedad y de las instituciones que le dan vida. El instrumento que lo compila es la constitución, normas programáticas cargadas de principios, valores e instituciones que son desarrolladas en las leyes.

 
Entonces cuando hablamos de régimen no podemos hablar del chavismo, que es una ideología, ni de socialismo que es un modo de producción...

 
En Venezuela la Constitución de la República Bolivariana (1998) recoge un régimen político: democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables (Art. 6), en base a los valores de la vida, libertad, justicia, igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad, con preeminencia de los derechos humanos, ética y pluralismo (Art. 2), es un estado federal, descentralizado, que se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad (Art. 4).

 
Ahora ¿Qué es el sistema político? “...conjunto de instituciones, de grupos y de procesos políticos caracterizados por un cierto grado de interdependencia recíproca...” (Bobbio) ¿qué hace el sistema? Materializa, ejecuta los valores contenidos en el constitución, a través de las instituciones.

Así, nuestro sistema político distribuye el poder público, entre: el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional (eje vertical). Mientras, que el poder nacional se divide en: legislativo, ejecutivo, judicial y electoral (eje horizontal). Cada uno con sus funciones propias, pero en colaboración para cumplir con, esa expresión muy trillada, repetida y sub utilizada en el inframundo de la mentira y la manipulación como son: los fines del Estado.

En Venezuela existe una verdad como un templo: el marco constitucional y legal (orden social) es diametralmente opuesto a la realidad social. Conseguimos las cosas jugando a vivo, pasando por encima de quien sea, la ley está para incumplirla... máximas sociales. Pero, no es nuevo. Desde el acátese pero no se cumpla, del sello de la colonia, pasando por las virtudes republicanas, que no teníamos, que nunca habíamos conocido, denunciadas por Bolívar en el Manifiesto de Cartagena, por las constituciones de papel criticadas por Laureano Vallenilla Lanz, hasta el ropaje federal del que habla Brewer Carias.

Dicotomías que perduran. De tal suerte que, cuando decimos que somos federales, los Estados dependen del poder central; que hay descentralización y se oye un grito desde Caracas, que los pone firme; se dice plural pero se criminaliza la oposición; se dice solidaria pero las largas colas que tienen que hacer los ancianos para cobrar una miserable pensión, no inspiran ese sentimiento; tampoco cuando en los hospitales piden a un moribundo medicinas y los implementos para atenderlo; menos en las escuelas donde las clases se imparten en condiciones deplorables...y pare de contar.

El mayor irrespeto a la constitución es que el 65% de su articulado programa el derecho constitucional a la participación ciudadana, pero ese espacio de participar ha quedado controlado por el partido de gobierno.

Y lo mismo ocurre con el Sistema Nacional de Planificación, que es el eje fundamental de nuestro sistema político, a través del Consejo Federal de Gobierno (Art. 185, CRBV),del Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (Art. 166, CRBV),y del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) (Art. 182, CRBV); ha quedado reducido al papel sin cumplir con el rol para el cual se diseñó.

El derecho a la información (Art. 51) es letra muerta. Ni siquiera para los documentos públicos, como si fueran una reserva del gobierno. Exigir el presupuesto de un Estado o el situado constitucional de una alcaldía ha pasado a ser un delito de lesa patria. La administración pública, tirios y troyanos, de todos los partidos políticos, diferentes ideología; funciona como una caja negra.

¿Cómo cambiamos esta realidad? Después de mucha agua bajo el rio, tantos desaciertos y otros aciertos, en medio del personalismo, corrupción, clientelismo... que nos colocó, en el hoy y ahora, con la mayor crisis política, económica y social de toda su historia. Es obvio que hay que cambiar ¡Pero no podemos cambiar haciendo lo mismo!

¿Qué debemos cambiar? El sistema político de cogollos y cumplir la CRBV. Compartir la toma de decisiones en el diseño de políticas públicas, con la ciudadanía. Y eso puede ocurrir sólo en un Estado Ciudadano.

Un Estado Ciudadano en cuyo sistema político se concibe una administración pública deliberativa que se enmarque, como dice Brugé, la necesidad de democratizar la democracia. En cuanto a la necesidad de gobernar para brindar satisfacción a los ciudadanos, incluyéndolos en la gestión, tomándolos en cuenta en sus propuestas y tomar decisiones con ellos. Cuesta más, es más lento, pero es más seguro y perdurable en el tiempo y lo más importante cada decisión que cuenta con la opinión favorable de la gente genera satisfacción, sentimiento de pertinencia, saberse reconocidos y considerados. Lo cual tiene una importancia superlativa para que la sociedad se deslastre el individualismo, la desesperanza y la desconfianza.

Se trata de un proceso pedagógico y de aprendizaje social capaz de generar valor a las políticas públicas, que genere capital social. En los próximos artículos vamos a ir desarrollando cómo concebimos los poderes públicos programados en la CRBV en un Estado Ciudadano.