En junio de 1972, en las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata ubicadas en el complejo Watergate, a las orillas del rio Potomac en Washington; fueron sorprendidos una madrugada siete personas haciendo un trabajo de intercepción de los aparatos telefónicos e instalando dispositivos electrónicos para captar las discusiones políticas de los jefes y líderes demócratas. Tres de ellos eran cubanos que habían trabajado para la Agencia Central de Inteligencia haciendo labores de espionaje a sus coterráneos refugiados en Miami. Inicialmente trataron de ocultar su verdadera identidad al ser detenidos por la policía.

Al tiempo se conoció que estuvieron al servicio del Comité Republicano para la reelección del presidente Nixon. Se trató de restarle importancia desde el gobierno al asunto; señalando de “una vulgar tentativa de robo que nada tiene que ver con el proceso político”. Si bien el candidato presidencial demócrata Mc Grovern denunció de manera insistente lo ocurrido en su campaña; se le prestó poca atención y la prensa paulatinamente perdió el interés en lo ocurrido.

Solamente el Washington Post se mantuvo indagando a fondo el caso. El juez John Sirica continuó pacientemente las investigaciones. Inicialmente los acusados que se le impusieron penas de prisión, pero con la promesa de revisar las condenas de aquellos que declaraban todo cuando sabían del asunto. Los acusados que se habían cuidado de no implicar a sus jefes comenzaron a realizar revelaciones que los implicaban.

Se observó que desde la Casa Blanca el gobierno de Nixon había “conspirado” para entorpecer la justicia, desviar la atención de la opinión pública y ocultar a los cómplices y autores intelectuales de este hecho delictuoso. Voceros del gobierno afirmaron que la prensa y particularmente el Washington Post, realizaron aseveraciones infundadas y calumniosas tratando de mezclar al gobierno en el asunto. El presidente Nixon declarò que la investigación conducida por el consultor jurídico John Dean se podía afirmar categóricamente que nadie en la Casa Blanca ni en la Administración estaban implicados en el incidente calificado por “extraño”.

Ante el cúmulo de evidencias obtenidas por la prensa y la justicia; el presidente Nixon tuvo que reconocer y aceptar la posibilidad de que sus más cercanos e íntimos asesores fueran instigadores del hecho o cómplices por haber ocultado pruebas o tratado de confundir a la justicia. Al contrario de su posición inicial, particularmente contra el Washington Post; el Presidente y sus asesores elogiaron la “fortaleza del sistema”, a un “juez valiente”, a la “prensa libre y vigorosa” y al “poderío exploratorio” de los medios de comunicación.

Pero la rectificación del presidente Nixon no convenció a nadie. Fueron obligados a renunciar el propio John Dean – consultor jurídico de la presidencia- y posteriormente asesores cercanos como Harry Haldeman y John Ehriichman. Inclusive al Presidente no parecía del todo exento de culpa.

Las acusaciones de James Mc Cord, jefe de los espías detenidos la noche del 17 de junio de 1972, después de confiar al juez la existencia de “presiones políticas para que callemos”, comprometieron a Jeb Stuar Magruder, Vicepresidente en el Comité para la reelección de Nixon, a Jhon Mitchell, exsecretario de Justicia y director del mismo Comité, a Jhon Dean, consejero jurídico del Presidente, y a Charles Coison, consejero especial de la Casa Blanca. Según tales declaraciones Harry Heldeman, adjunto directo de Nixon y Jhon Erichman, consejero en asuntos de política interior, debían estar enterados de la situación.

El antagonismo del presidente Nixon con el Congreso se reforzaba; pues a las filas de los opositores demócratas, se unían prominentes republicanos del sector moderado como Jacobs Javits, Clifford Case y Charles Percy. El senador republicano por el estado de Arizona, Barry Goldwater, quien venía siendo uno de los más resueltos defensores del Presidente, manifestó que “Watergate es un asunto que apesta, tiene el desagradable aroma de TeapotDomey debemos librarnos rápidamente de su hedor”. Teapot Dome es una localidad, que en la historia norteamericana es sinónimo de corrupción al más alto nivel; originando una investigación que acabó con la carrera política del entonces presidente William Howard Taft.

 
Finalmente, Goldwater instó con éxito al Presidente Richard Nixon a renunciar en 1974, cuando la evidencia de un encubrimiento en el caso Watergate se volvió abrumadora y el juicio político o de “residencia” contra el Presidente era inminente.

El Senado designó por Presidente de la Comisión encargada de investigar el asunto, al senador demócrata Sam Ervin por Carolina del Norte, quien se había destacado en la tarea de limitar los poderes presidenciales. Asociado su nombramiento a larga cadena de enfrentamientos entre Nixon y el Congreso, como el rechazo al proyecto presidencial de reducir el control sobre los precios y salarios; que por el contrario el Congreso se proponía a aumentarlo debido a la subida alarmante de los precios al detal y a la protesta popular. También la negativa a confirmar a Patrick Gray como jefe del FBI.

La comisión investigadora se denominó Comité Senatorial Selecto para Investigar Prácticas de Campaña, también conocido como el Comité Senatorial de Watergate.

 
Nixon ante la pugna contra un Congreso dominado por políticos en abierto contraste con sus posiciones; avanzó la tesis de que los supremos intereses nacionales debían prevalecer sobre cualquier resolución de los congresistas. El Presidente y sus consejeros estaban al margen de cualquier investigación de las comisiones del Congreso. Pretendiendo el Presidente extender hasta sus cercanos colaboradores el denominado “privilegio del Ejecutivo”, que garantizaba el derecho presidencial a reservarse secretos o informaciones que puedan resultar delicadas.

El senador Ervin no había vacilado en proclamar que si algún miembro del personal del Ejecutivo se negaba a testimoniar ante la Comisión bajo su cargo sería llevado a prisión. Anteriormente había calificado a la administración Nixon como la más opresora y autoritaria que había conocido.

Comento sobre el “privilegio de reserva” invocado por Nixon, que “el Presidente tiene ideas bastante bufas sobre el privilegio de sus colaboradores, extraña que no sepa que no ha sido puesto por una monarquía o por una aristocracia nobiliaria, colocadas sobre las leyes; que no recuerde que esas cosas fueron enterradas con la revolución de hace dos siglos”. Advertía que el Congreso tenía sus armas de persuasión; si los consejeros del Presidente se negaban a obedecer las órdenes del Senado; y en la cárcel recordarían que las “bufas ideas” del presidente no son de mucha ayuda.