El día 18 de octubre de 2019 se produjo en Chile un estallido social de gran magnitud, dado que diversos sectores de la sociedad se movilizaron para protestar y denunciar un conjunto de problemas estructurales que venían acumulando un profundo malestar en la ciudadanía.

Esas grandes movilizaciones en Santiago y otras ciudades culminó con la marcha del 25 del octubre de 2019 (la más grande de la historia del país) y de esos sucesos deviene el llamado ‘Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución’ cuyo aspecto central consistió en la realización de un plebiscito para decidir sobre el cambio de la Carta Fundamental. En ese evento, celebrado el 25 de octubre de 2020, los chilenos y chilenas decidieron reemplazar la actual Constitución eligiendo para su redacción una Convención Constitucional. De acuerdo a esos resultados, sería la primera vez en la historia chilena que se lograría un texto fundamental elaborado directamente por ciudadanos electos, el cual además, de acuerdo a las pautas acordadas, habría de contar con paridad de género y escaños reservados para pueblos originarios.
Dos años y medio después, aquellas esperanzas parecen estar siendo doblegadas por una creciente desilusión. “Desde marzo en adelante, cuando se fueron conociendo los artículos que se incluirán en el texto constitucional, las encuestas de opinión han ido marcando una tendencia mayoritaria de rechazo”, dice el analista político Guillermo Holzmann, socio-director de Analytyka Consultores, en Santiago de Chile.

“Los debates en la Convención Constituyente no vienen reflejando las demandas por mayor equidad que se evidenciaron en el estallido social, sino que se han estado estableciendo propuestas que buscan satisfacer más a minorías que a generar un marco de referencia para toda la sociedad chilena”, asegura el analista.
Ese cambio de humor social abre interrogantes sobre el futuro de la nueva Constitución. Para entrar en vigencia, el texto constitucional debe ser aprobado en un plebiscito previsto para el 5 de septiembre. Las encuestas vienen marcando que es mayor el número de quienes rechazarán la nueva Constitución que quienes la aprobarán. Según un sondeo de la consultora Cadem realizado entre el 11 y 13 de mayo, solo el 38% consideraba aprobar el texto en el plebiscito, una caída sostenida con respecto al 56% registrado en enero. En sentido opuesto, en el mismo periodo quienes rechazan el nuevo texto constitucional pasaron de representar el 33% de los consultados al 46%. ¿Cuáles hechos y circunstancias han originado esa significativa merma?.

LA PARTICIPACION
Si el plebiscito del 25 octubre de 2020, cuando masivamente se había aprobado el llamado a iniciar el Proceso Constitucional, logró movilizar a siete millones y medio de electores, un considerable 51% del padrón electoral, en las elecciones de mayo de 2021 la participación se redujo en alrededor de un millón de votos, 43% de los electores potenciales. La comparación de la participación electoral con el plebiscito fue inevitable, y algunos analistas cuestionaron la legitimidad de una convención elegida por menos de la mitad del electorado. Sin embargo, este nivel de votación se sitúa en rangos habituales desde la instauración del voto voluntario.

Dentro de ese marco, en un ambiente socialmente deteriorado debido a que la secuela anímica derivada de los acontecimientos del 2019, se arraigó en densos sectores, un rechazo rayano en rabia social por las dificultades que acarreó la pandemia. Más de un año demoraron las autoridades en ceder a la presión por otorgar ingresos de emergencia sustantivos y ello fue posible solo luego de que el Congreso aprobara retiro contra de fondos de pensiones (AFP) como medida de emergencia frente a la crisis, debiéndose apuntar además que esa crisis trajo consigo la peor contracción económica en décadas. Las familias que viven en campamentos (viviendas irregulares que carecen de servicios básicos) aumentaron en casi 74% tras el estallido social y la pandemia, mientras que reaparecieron en forma masiva las ollas comunes para combatir el hambre ocasionada por la caída del empleo. A este panorama debe agregarse que un fenómeno marcador en la política chilena de los últimos años ha sido la caída de confianza en las instituciones. En ese marco, ninguna institución resultó tan golpeada como los partidos políticos. No solo se trata de que apenas alcanzan un 6%, sino de que además hay un fenómeno de largo plazo vinculado a la desidentificación con ellos que se ha acelerado en la última década. Según datos del Centro de Estudios Públicos, el porcentaje de personas que se identificaba con algún partido cayó desde 53% de la población en 2006 a 22% en 2019.

LA AVALANCHA
Ese conjunto de hechos y circunstancias, derivó en una avalancha de candidaturas independientes que se formaron en todo el país. Fue tal el número de estas listas de independientes que muchos pronosticaron un magro resultado electoral, pues la dispersión entre las opciones generaría que el caudal de votos no se tradujese en escaños. Así, se esperaba un cónclave con una conformación no muy distinta de la que tenía el Parlamento de ese momento, con hegemonía de las históricas coaliciones de derecha y centroizquierda. Lo que estos análisis no lograron anticipar fue por un lado, la movilización electoral se generó precisamente en oposición a estos dos bloques históricos y por el otro, que hubo una lista de independientes que logró hacerse del caudal simbólico de la política «independiente» del estallido: la Lista del Pueblo.

En esa Lista del Pueblo confluyeron al menos tres elementos que rondaron el estallido social. En primer lugar, un grupo de dirigentes que lograron consustanciarse íntegramente con el relato del estallido, lo que a veces se llamó «octubrismo». Este grupo, que tenía su epicentro en las movilizaciones periódicas desde Plaza Italia, rebautizada como Plaza Dignidad, tenía la ventaja de que sus principales rostros habían adquirido algún nivel de notoriedad mediática y, a la vez, legitimidad social por haber puesto el cuerpo en las protestas. En su mayoría, eran personas que no tenían recorrido político y que habían vivido el estallido como un «despertar». Su liderazgo provenía de su capacidad performática. Ellos simbolizaban a las víctimas del abuso y les daban voz con su presencia en las manifestaciones. De este modo, se convirtieron en una suerte de héroes de la revuelta social que encarnaban en sí la voz de Plaza Dignidad. El segundo grupo de la Lista del Pueblo podría clasificarse como un mundo de izquierdas que vio en el estallido social el esperado anticipo del colapso del modelo neoliberal. Eran agrupaciones que habían participado en apuestas electorales previas, sin resultado, y que habían estado en las órbitas del PCCh y otros partidos de izquierda. Poseían la legitimidad de no ser partidos, pese a contar con experiencia en disputas electorales. Un ejemplo fue la participación de una vertiente del movimiento trotskista, que incluso logró elegir una constituyente. Por último, de los 145 candidatos en su mayoría fuera de Santiago, eligieron 68.

LA LISTA
La Lista del Pueblo logró un ascenso verdaderamente meteórico y terminó por definir el proceso constituyente que vive Chile. El grupo nacido bajo el alero del estallido se volvió ícono de la emergencia de un nuevo actor político que rehuía de los partidos, en su lugar, buscaba una nueva forma de organización política. Una serie de elementos explican su inesperado éxito electoral, negar como la agrupación logró dar carne a una idea que rondaba en el debate público hace tiempo: las víctimas de los empresarios, políticos, economistas, etc., podían arrebatarle el poder a una elite indolente.

EL RESULTADO
El resultado electoral de la Convención fue un golpe a las expectativas de quienes esperaban un retorno a la política pre-estallido social. Primero, las dos coaliciones históricas tuvieron magros resultados. La derecha alcanzó un porcentaje paupérrimo de votos: 20%. Esto la dejó lejos de alcanzar el tercio de los convencionales y de un potencial poder de veto. La coalición de centroizquierda vio a sus fuerzas de centro y más moderadas desplomarse. Quizás el ejemplo más notorio de esta crisis fue el de la Democracia Cristiana, que solo logró elegir solo a un militante de sus filas para la Convención Constitucional.

Otro hecho significativo dentro del abigarrado panorama fue lo relativo a que los 17 escaños reservados para pueblos originarios se presentaron en padrones electorales separados para un electorado perteneciente a los pueblos Mapuche, Aymara, Diaguita, Likan Antay o atacameño, Colla, Quechua, Rapa Nui, Chango, Kawashkar y Yagán. El Congreso no aprobó dar un escaño reservado a los afrodescendientes. De un padrón total de electores indígenas de más de 1,2 millones, solo 23% votó por escaños reservados. La baja participación podría obedecer a la desconfianza en los procesos políticos del Estado chileno, falta de información tanto de los electores como de los encargados de conducir la votación en recintos electorales, y a dificultades de transporte en zonas alejadas.

De igual modo, otro aspecto importante dentro de los resultados fue que la norma electoral de paridad de género, en la Convención demostró que las mujeres pueden lograr excelentes rendimientos electorales. En número de votos, las mujeres superaron a los hombres, de manera que la corrección para generar paridad terminó por beneficiar más a hombres que a mujeres. El resultado fueron 77 mujeres y 78 hombres electos, una paridad casi perfecta. De hecho, si no se hubiera aplicado la corrección por paridad, la Convención estaría compuesta por 84 mujeres y 71 hombres.

En definitiva, la Convención mostraba un importante nivel de fragmentación entre las fuerzas políticas tradicionales e independientes y la incorporación de muchas figuras sin experiencia política preveía ninguna lealtad con colectivos políticos. Ninguna fuerza quedó cerca de alcanzar los dos tercios necesarios para aprobar disposiciones constitucionales, así que lo quisieran o no, todos estaban condenados a ponerse de acuerdo.

TRES BLOQUES
Desde la fecha de instalación de la Convención Constituyente (18 de octubre de 2020) se conforman que tres bloques: un primer bloque del oficialismo y la derecha, un segundo bloque conformado por el Frente Amplio-Partido Socialista-Independientes por una nueva Constitución y, por último, el bloque comunista-indigenista-movimentista, si bien estos dos últimos no son bloques estancos o rígidos, aunque tienen lógicas de trabajo similares
En ese contexto, el Partido Comunista Chileno, fuerza política bien articulada y con una visión estratégica claramente definida, ha operado con gran habilidad dentro de las discusiones en el seno de las comisiones y en la aprobación o rechazo de los informes que aquellas produzcan. Así ha logrado que un número al menos 77 de los constituyentes provienen del pacto del F.A. y el P.C. (28), de la Lista del Pueblo (27), de listas locales (7) y de pueblos originarios (15), respalden de forma absoluta eliminar el rol subsidiario del Estado, superar la economía extractivista, recuperación de tierras para pueblos originarios, plurinacionalidad, recuperar derechos laborales, establecer la soberanía alimentaria, cambiar el sistema de pensiones y consagrar el derecho a la educación pública de calidad, entre otros temas. Todos además, critican fuertemente el rumbo que tomó la transición posterior a la dictadura, dado la política de los acuerdos con la centroderecha que impulsó durante décadas la ex Concertación.

La Convención Constituyente ha previsto para el 6 de junio que la Comisión de Armonización entregue su Informe al Pleno y desde el 7-13 del mismo mes, se podrá presentar indicaciones al Informe, mientras que la votación del plenario acerca de la Propuesta de Armonización e Indicaciones será realizada el 20 y 24 de junio e inmediatamente al cumplir con tal requisito, será entregado el texto al Presidente de la República para que convoque el Plebiscito de Salida para el 5 de septiembre.

Apuntado esto último, cabe a los lectores razonar que no hay elemento visible que indique ninguna anormalidad en el proceso de trabajo por parte de la Convención Constituyente, que ésta fue electa soberanamente por una mayoría votante y que por encima de diatribas y opiniones que pudieran ser tendenciosas y/o parcializadas, la nueva constitución chilena responde a unos anhelos legítimos que muchas veces ha estado sobre el tapete en sectores políticos y sociales luego del advenimiento democrático en 1989; por lo tanto es inexplicable el título que hemos colocado a este artículo.