La llegada al poder de Juan Vicente Gómez ha sido uno de los hechos históricos que han generado mayor consenso político en la historia venezolana. Cansado el país del belicismo y la vocinglería de Cipriano Castro, que había generado múltiples enfrentamientos desde su llegada al poder en octubre de 1899, lo que le había ganado la enemistad y animadversión de múltiples factores internos y foráneos, de allí que cuando su compadre el vicepresidente Gómez decide aprovechando su ausencia de Venezuela por razones de salud, encabezar un golpe de Estado y quedarse con el poder, todo el mundo aplauda esa nueva situación que en aquel momento auguraba tiempos de libertad y democracia.

Liberales, conservadores, intelectuales, caudillos de todo pelaje, curas y artesanos, dan legitimidad y apoyo a la nueva gestión que se inicia con medidas de apertura y reconciliación política, y les abren las puertas de Venezuela a mas de 30.000 exiliados y presos que salen de las cárceles o regresan al país confiando en las actitudes del nuevo gobernante, que para dar sustento jurídico a su Presidencia Provisional, hace aprobar una nueva Constitución que refleje los cambios generados a partir de la sucesión en el poder.

Del extranjero regresan todos los viejos caudillos, liberales, godos, mochistas, sometidos, encarcelados o desterrados por Castro, que piensan volver a sus andanzas, confiados en que aquel nuevo mandatario, callado, discreto, sin en apariencia apetencias de poder, sea solo un hombre para una corta transición que de nuevo les abra las puertas a sus aspiraciones y liderazgos. Sin embargo, detrás de aquel andino, montañés y taciturno se esconde un hombre con un plan bien concebido para quedarse indefinidamente en el poder, solo que su olfato y su zamarrería le dicen que tiene que actuar con cautela y entretener a sus potenciales adversarios mientras acumula fuerzas para el zarpazo definitivo.

Gómez no haya qué hacer con aquel grupo numeroso de caudillos que quieren rodearlo, aconsejarlo o tutelarlo aprovechándose de su inexperiencia e ignorancia. Un día Leopoldo Baptista, influyente Secretario de la Presidencia, le vende una idea para tranquilizarlos y tenerlos en el redil, sugiriéndole la creación de un Consejo de Estado, figura que había existido en constituciones anteriores y donde bien podrían vegetar todos estos figurones, creándoles unas competencias nominales y fijándoles sueldos ministeriales que los hicieran sentirse importantes sin serlo. Gómez oye con atención la idea de su secretario y se convence de su utilidad, ordenando incorporar la figura a la constitución de 1910, en esa nómina figuraba lo más prominente del caudillaje histórico: los generales Ramón Ayala, Ramón Guerra, José Ignacio Pulido, Jacinto Lara, Juan Pablo Peñalosa, Gregorio Riera, Nicolás Rolando, Carlos Rangel y el legendario José Manuel "el mocho" Hernández junto a igual número de suplentes.

El Consejo de Estado pronto es bautizado dentro del infaltable humor criollo como "el potrero" porque, según la conseja popular, allí agrupa Gómez a sus enemigos para luego llevarlos al matadero. Sin embargo durante los primeros años de ejercicio los viejos jefes regionales se entretienen desempeñando sus funciones, la primera defección será la del indomable general Hernández, que desde el exterior renuncia a su cargo en 1911, denunciando los negocios de Román Delgado Chalbaud con la Banca Francesa, que serán desautorizados por Gómez ante el revuelo y el escándalo público que los contratos contrarios y lesivos al interés público generan.

Mientras el primer cuatrienio de gobierno corre, las esperanzas de los caudillos integrantes del Consejo de Gobierno de prescindir o sustituir a Gómez en el poder, se asoman cada vez más remotas. El gobernante andino ha ido consolidando sus tentáculos, fortaleciendo al Ejército, desmantelando conspiraciones, aislando o desmantelando la fuerza de sus eventuales competidores; los miembros del Consejo de Gobierno se dan cuenta de que si no actúan irán al "matadero". Viene entonces, la medición de fuerza, la situación se presenta con la discusión del denominado Protocolo Francés en febrero de 1913, cuyo objetivo era poner término a las controversias y reclamaciones pendientes con la nación gala. Los compromisos asumidos por la República son según los consejeros de Estado insconstucionales, por ser lesivos a la soberanía y al interés nacional, el organismo se niega a darle su aprobación y surge un conflicto que Gómez terminará dirimiendo por la fuerza.

El arrebato de inoportuno oposicionismo y resistencia a la voluntad del presidente, terminará por disolver al Consejo de Gobierno y por que sus miembros optaran entre el silencio, la complicidad, la prisión o el exilio. El gobierno supera el impedimento constitucional, ahora totalmente dócil a sus designios que preside el historiador José Gil Fortoul, quien allanará el voto positivo para la validez del protocolo. Los caudillos habían hecho malos cálculos al menospreciar a Gómez y ahora pagarían su rebeldía con años de cárcel u ostracismo.