En diciembre de 2019 el entonces embajador del “gobierno” de Juan Guaidó en Colombia Humberto Calderón Berti, criticó el manejo de la empresa Monómeros perteneciente a Pequiven filial de PDVSA , radicada en Barranquilla y ahora bajo control del “interinato” El también expresidente de la estatal petrolera recuerda en entrevista con César Miguel Rondón que entonces alertó en la prensa que la politización tal como ocurrió acabaría con todo “ y eso ha sido muy lamentable porque se corre el riesgo incluso de perder la empresa”. Antes de renunciar al cargo en desacuerdo con el comportamiento de los dirigentes de Voluntad Popular y Primero Justicia que ejercían la dirección política en el exterior, Calderón proporcionó una lista de expertos de la antigua PDVSA, que a su juicio eran los profesionales indicados, y sin embargo se hizo lo contrario al incorporar” personas cuyas credenciales eran ser militantes de partidos políticos”. Los señalamientos de Calderón no fueron tomados en cuenta y la empresa ha vivido en los últimos meses una crisis que llevó al gobierno de Bogotá a tomar su control en el marco de una situación política internacional en la cual el “interinato” de Guaidó, apuntalado en su momento por Donald Trump y el apoyo de 50 países entre ellos Colombia, cede paso a nuevas realidades que refuerzan la cuestionada legitimidad y el poder de Nicolás Maduro.

El lunes 27 de septiembre el partido Primero Justicia a través de su líder Julio Borges (quién por cierto ejerció la cancillería de facto del “interinato” desde la capital colombiana) anunció su retiro del manejo de los activos de Venezuela en el exterior, bajo el argumento de estar en desacuerdo con la administración de esas empresas y señalando además como principal responsable al partido Voluntad Popular liderado por Leopoldo López. El documento indica “preocupación por la falta de voluntad política y de buena disposición para explorar y discutir soluciones para proteger a los activos de la República, “y denuncia la falta de respuesta de Juan Guaidó ante la necesidad de asumir propuestas necesarias ante estos casos: “ya desde el comienzo del gobierno interino manifestamos nuestro desacuerdo con la forma de gestión de estos activos y desde hace un año le informamos al país nuestras preocupación sobre el tema”.

La decisión de Primero Justicia en la práctica formaliza la fractura del llamado “G-4” alianza integrada por PJ, VP, UNT y AD que asume el planteamiento opositor más radical y todavía para algunos de sus voceros en la línea abstencionista. Justamente Leopoldo López desde Madrid y Juan Guaidó en Caracas reiteran que aún no existen condiciones confiables para participar en la megaelección del próximo 21 de noviembre, pese a que la mayoría de las organizaciones críticas han presentado candidatos que se encuentran en plena campaña. Guaidó ante los señalamientos de Borges se limitó a comentar a los periodistas: “ellos conocían todo el manejo de los activos y nunca dijeron nada en contra, son entonces también responsables de los ocurrido en estos casi tres años”.

En su condición de mandatario interino Guaidó asumió el control de Monómeros y designó a Carmen Elisa Hernández de Castro, exempleada de PDVSA y alta funcionaria de la Alcaldía de Baruta en la gestión de Gerardo Blyde, como presidenta de la empresa. Tras un cúmulo de acusaciones y denuncias, Hernández de Castro fue presionada por autoridades colombianas a la renuncia del cargo. Versiones de la prensa del país vecino señalan que en Monómeros se registra “un desfalco multimillonario y una lista de delitos e irregularidades que incluirían estafa, contrataciones fraudulentas, pago de sobreprecios, nóminas fantasmas, tráfico de influencias, y lavado de dinero, entre otras.”

La empresa CITGO en Estados Unidos al igual que otras operadoras petroleras en Europa fue adquirida por PDVSA a comienzo de los años ochenta en el marco de la llamada “internacionalización petrolera”, adelantada coincidencialmente bajo la gestión de Humberto Calderón Berti. Considerado como el principal activo venezolano en el exterior y eje fundamental para la producción nacional de combustibles y con tres refinerías directamente vinculadas con la operación energética interna, la empresa fue tomada igualmente por el “interinato de Guiadó”. Si bien cuenta hoy con la protección del Departamento del Tesoro norteamericano para preservar su propiedad, está sometida a la presión de importantes exigencias de pago de Crystallex International Corp por 1000 millones de dólares, Conoco Phillips por 1300 millones y un significativo número de tenedores de bonos.

En la misma línea se encuentra la definición en cuanto a la propiedad de recursos depositados en bancos extranjeros productos de transacciones comerciales. El caso más conocido es el juicio en marcha ante la justicia inglesa por 31 toneladas de oro venezolano depositado en el Banco de Londres y que podría decidirse en el corto tiempo, además de reclamos similares en la banca de Portugal.

El gobierno venezolano sostuvo esta semana en declaraciones de Nicolás Maduro y otros voceros que hará lo necesario para rescatar la propiedad de bienes que en este caso responden a una situación y a un tema político y no meramente económico y legal como es común. Especialistas independientes asoman también como viable la fórmula de un Fideicomiso con participación paritaria de los dos gobiernos para asegurar la mejor administración de esos activos con la presencia de representantes de Maduro y Guaidó; mientras que el asunto fue considerado fuera de agenda en la reciente reunión de las comisiones negociadoras de oposición y gobierno celebrada en Ciudad de México.