Como jefe de campaña del candidato presidencial Henry Falcón en 2018, Francisco Rodríguez sustento la tesis de la dolarización venezolana como respuesta a los niveles de hiperinflación, la cual se convirtió en la propuesta central de la campaña electoral. Economista PhD de Harvard, Catedrático visitante, Kellogg Institute for International Studies en NotreDame, ex asesor de la Asamblea Nacional y actualmente fundador y asesor de la Oirfor Venezuela, organización sin fines de lucros centrada en encontrar soluciones a la crisis humanitaria de Venezuela, pasa revista a lo que sería en su criterio las políticas adecuadas para la reconstrucción del país. Estas son sus respuestas a las preguntas de Eneltapete:

En primer lugar, debemos entender que la crisis económica venezolana está esencialmente causada por el colapso de nuestra capacidad de generación de ingresos de divisas, impulsado por la caída de más del 90 por ciento desde el 2012 en nuestros ingresos por exportaciones petroleras. Lo que ha ocurrido en este período con la economía venezolana es que se han roto sus lazos comerciales y financieros al resto del mundo: Venezuela hoy no puede exportar a gran parte de sus mercados naturales ni puede buscar financiamiento. Tampoco puede restructurar su deuda ni usar recursos multilaterales a los que normalmente tendría acceso. Cualquier estrategia de recuperación económica tiene que pasar por una estrategia de reinserción de Venezuela en la economía mundial, y es virtualmente imposible que eso pase si no ocurre como resultado de una transición o de un acuerdo político con el apoyo de la comunidad internacional.

Por ello he planteado a lo largo de los últimos años la necesidad de acuerdos políticos que permitan hallar, aún sin que necesariamente se dé una resolución definitiva a nuestra crisis política, espacios de coincidencia que permitan abordar algunos problemas económicos y humanitarios básicos del país. Por eso he abogado por la creación de un acuerdo petrolero humanitario que permita que Venezuela recupere el acceso al mercado petrolero estadounidense e internacional bajo la condición de que los recursos derivados de esas ventas sean utilizados bajo supervisión de un organismo internacional, como por ejemplo el Sistema de Naciones Unidas. Asimismo he planteado la necesidad de un acuerdo político para el nombramiento de un Directorio del Banco Central de Venezuela integrado por profesionales reconocidos y con el apoyo de todas las fuerzas políticas, de forma de poder lograr destrabar el acceso a recursos necesarios, tales como aquellos depositados en el Banco de Inglaterra o el acceso a los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional, de manera de utilizarlos para impulsar un proceso de dinamización de la economía que nos permita abordar las causas de nuestra crisis económica y humanitaria.

Hay que recordar que hay dos tipos de sanciones: personales y económicas. Las sanciones personales que han impuesto los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea contra funcionarios del gobierno de Maduro y sus allegados no impactan directamente a la economía de forma material. Por el contrario, las sanciones que han tenido, sin lugar a dudas, un efecto muy significativo sobre la economía venezolana, son las sanciones financieras y petroleras estadounidenses. Es por ello que Europa, por ejemplo, se ha resistido a aplicar este tipo de medidas, limitándose solo a sanciones personales.

Todos los ejercicios de estimación que se han hecho muestran claramente un impacto de las sanciones sobre la producción petrolera venezolana. Puede haber diferencias entre los economistas con respecto a qué porcentaje de la caída es atribuible a las sanciones. Pero de que hay un efecto, lo hay. Por ejemplo, la producción experimenta una caída de 400 mil barriles diarios justo después de las sanciones petroleras de 2017 – monto que representa justamente el tamaño de las ventas que Venezuela hacía a Estados Unidos previo a las sanciones. Solo esa caída representa, a precios de petróleo de hoy, 9 mil millones de dólares anuales, lo que sería suficiente para más que duplicar nuestras importaciones. Y eso es sin contar los efectos de las sanciones financieras de agosto de 2017 y de las sanciones secundarias impuestas principalmente en 2020. Al tomarlas en cuenta, las estimaciones publicadas indican que las sanciones pueden haberle costado al país entre 12 y 25 mil millones de dólares al año.

Ello no quiere decir, por supuesto, que las sanciones sean la única causa de los bajos niveles de vida del venezolano hoy. El gobierno de Chávez disfrutó del mayor boom de ingresos por recursos naturales experimentado en el período entre 1999 y 2012 por cualquier país latinoamericano. Venezuela no estaba preparada para una caída de los precios del petróleo, como la que ocurre a partir de 2014, porque no supo ahorrar, y además acumuló excesivos niveles de deuda, durante el boom. Además, las nacionalizaciones y otras medidas contra los derechos de propiedad y el sector privado causaron una caída secular de la productividad. Por ello, Venezuela hoy en día estaría sustancialmente mejor, aún con sanciones, si el país hubiese adoptado políticas económicas más racionales a partir de 1999. Pero ello de ninguna manera niega el efecto de las sanciones.

Lamentablemente, hay una discusión algo maniquea y politizada sobre el tema de las sanciones. Cualquier reconocimiento al intento de las sanciones es comúnmente caracterizado como un intento de exculpar al chavismo. Eso no tiene ningún sentido: tanto la corrupción, incompetencia y malas políticas económicas del chavismo como las sanciones le han hecho daño a la economía del país. Por ello mismo, la observación que a menudo hacen algunos comentaristas, de que la crisis comenzó antes de las sanciones, nos dice mucho menos que lo que pareciera decir a simple vista. Lo único que nos muestra es que hay factores no relacionados con las sanciones que contribuyeron al mal desempeño económico venezolano antes de que ellas entraran en escena. Eso no es ni sorprendente ni nuevo. Pero de ninguna forma ello niega que las sanciones hayan tenido un efecto económico negativo y significativo.

La propuesta de dolarización formal de la economía venezolana, que presentamos al país en el 2018, tiene hoy más vigencia que nunca. En ese momento advertimos al país que, de no adoptar una estrategia integral de estabilización macroeconómica anclada sobre una moneda sólida, el país podría atravesar varios años más de hiperinflación. La historia nos dio la razón. Además, las fuerzas económicas llevaron a que, tal como previmos, se instalara un proceso de dolarización espontánea en el país, el cual ha ocurrido de forma desordenada y desigual, profundizando las brechas entre quienes tienen y quienes carecen de acceso a ingresos en dólares. Frente a eso, planteamos la necesidad de que todo venezolano pudiese tener sus contratos laborales y depósitos en dólares. Esto lo presentamos como parte de un plan integral de estabilización y recuperación económica con el cual estimamos que para el año 2021, Venezuela podría tener un salario mínimo de $225.

El gobierno de Maduro no ha presentado un plan integral para abordar el problema de la hiperinflación y la caída en el poder adquisitivo. La nueva reconversión, que ahora adopta la modalidad de instaurar un llamado “bolívar digital,” tampoco representa ni forma parte de una estrategia integral. Una verdadera estrategia tiene que abordar el equilibrio en las cuentas fiscales así como adoptar mecanismos que permitan comprometer creíblemente a las autoridades monetarias a no continuar financiando el déficit con impresión de dinero. Además, cualquier estrategia de estabilización tiene que estar enmarcada dentro de un programa de reformas económicas que permitan recuperar la productividad y reinsertar al país en la economía global.

Idealmente, un programa de dolarización ocurriría en el contexto de un acuerdo político que permita generar consensos en la sociedad venezolana sobre una serie de decisiones de política económica que son necesarias para restablecer el crecimiento. En ese sentido, espero que las negociaciones que están por iniciarse en México prioricen la atención a la crisis económica y humanitaria y abran un marco de acuerdo para un programa de estabilización económica. A pesar de que el apoyo de la Reserva Federal no es estrictamente necesario para dolarizar (Zimbabue, por ejemplo, dolarizó sin tenerlo) sería evidentemente el mejor escenario que lo tuviésemos. Ello solo podría ocurrir en el contexto de acuerdos en que las partes acepten apoyar un esquema común de reformas económicas para proteger a los venezolanos de los efectos colaterales de la crisis política.