A cinco meses para las elecciones generales que elegirán nuevo mandatario y los miembros de los cuerpos legislativos, Nicaragua enfrenta una oleada de detenciones de posibles candidatos y líderes opositores. Hasta ahora Cristina Chamorro Barrios, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro posibles contrincantes de Daniel Ortega permanecen con órdenes de arresto junto a líderes partidistas, estudiantes, periodistas y dirigentes empresariales, así como antiguos compañeros del gobernante en la lucha anti-somocista. Chamorro Barrios,-hija de Violeta Barrios de Chamorro quién derrotara al propio Ortega en las elecciones de 1990,- encabeza las encuestas para la venidera elección y es acusada de” gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con el lavado de dinero, bienes y activos, en una investigación a la fundación que lleva el nombre de la madre. Arturo Cruz, economista y catedrático. Fue detenido cuando regresaba de Estados Unidos (fue embajador de Ortega en ese país de 20007 a 2009) acusado de haber atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo.” Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro son acusados de “actos para menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación, e incitar a injerencia extranjera, pedir intervenciones militares y ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.


LEY 1055
Entre los detenidos se encuentra también Dora María Téllez Argüello quien junto a Edén Pastora el “Comandante Cero” tomaran el Palacio Nacional en 1978 en una jornada clave en el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza. Las detenciones e investigaciones se basan en la Ley 1055 aprobada por la Asamblea Nacional bajo control oficialista en diciembre de 2020, la cual busca presuntamente la “defensa de los derechos del pueblo a independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz.”.Pero en el fondo se trata de un creciente enfrentamiento y el descontento ciudadano por la perpetuación de Ortega después de cuatro mandatos consecutivos y una posible nueva reelección en noviembre; y la decisiva influencia en la toma de decisiones de Estado de su esposa vicepresidenta Rosario Murillo, todo ello en un país virtualmente dividido y sometido a explosiones sociales significativas como la ocurrida en 2018.


LAS PROTESTAS DE 2018
En abril de 2018 se inició una protesta de estudiantes universitarios contra una impopular reforma del Seguro Social que se seguidas puso en evidencia el malestar nacional al gobierno de Daniel Ortega quien se ha reelegido en comicios cuestionados por la oposición y por organismos internacionales. Las manifestaciones se extendieron rápidamente a varias ciudades, tras la violenta acción de la Policía y por paramilitares contra civiles desarmados que dejó gran cantidad de muertos, detenidos, heridos y exiliados. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 325 personas murieron y más de 2 mil resultaron heridas, en su mayoría jóvenes. El gobierno reconoce 198 fallecidos, mientras ONG de derechos humanos elevan la cifra hasta 545 víctimas. También se consignaron denuncias y exhortaciones al diálogo por instancias internacionales y se realizaron conversaciones con mediación de la Iglesia sin alcanzar acuerdos, entre ellos el pedimento de la oposición de adelantar las elecciones presidenciales bajo observación extranjera.

El clima político no ha mejorado y por el contrario se complica con la expectativa electoral y la tendencia a cerrar espacios a la disidencia opositora, y una situación económica, que después de varios años con cifras alentadoras , ahora es afectada por el costo de la pandemia del Covid-19, la fuga masiva de habitantes principalmente a Costa Rica y el efecto colateral de las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense de Donald Trump para el cuya diplomacia el tema de Nicaragua es indesligable de lo que ocurra en Cuba y Venezuela.