Es mera coincidencia. El 9 de abril de 1948 el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado en una calle bogotana y ello desató una furia popular conocida como “El Bogotazo”. Si bien la violencia rural ya existía, sin embargo el hecho dio paso al nacimiento organizado de las guerrillas y una dura confrontación entre liberales y conservadores. Un proceso que durante décadas definió el conflicto armado con ciento de miles de muertos, secuestros, aparición de grupos armados del narcotráfico, y destrucción de importantes zonas agrícolas a despecho de las gestiones y políticas de los gobiernos. En septiembre de 2016, luego de varios años de conversaciones y con activa mediación internacional incluso de la ONU, se firmaron los Tratados de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos (quien como ministro de la Defensa de Álvaro Uribe dirigió una dura ofensiva contra la subversión) y representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en un nuevo intento para asegurar la convivencia ciudadana.

Iván Duque fue electo Presidente de la República de Colombia el 17 de junio de 2018 como candidato del Centro Democrático, partido fundado por el exmandatario Álvaro Uribe, critico de la negociación con la guerrilla y promotor de una consulta también en 2016 y que resultó contraria a la firma de los acuerdos. Duque superaba en segunda vuelta a Gustavo Petro de “Colombia Humana”, exalcalde de Bogotá y militante de izquierda. Ya se conocía de las discrepancias que condujeron a la división de las FARC entre quienes retornaron a la legalidad y los que anunciaron seguir en la lucha armada y ya existían además, graves denuncias sobre el asesinato de “líderes sociales” en las calles o en sus residencias y condenados a muerte por denunciar tratos criminales durante el conflicto e incluso en días posteriores. Una situación de tal gravedad que según las cifras de la ONG INDEPAZ solamente el año 2020 en plena pandemia fueron asesinados 31O “líderes sociales”, entre indígenas, afrolatinos, campesinos, mujeres y hombres defensores de la diversidad sexual, y de 12 de sus familias de 64 firmantes del Acuerdo de Paz. También en ese lapso se registró el incremento de masacres de población civil en diversas regiones que totalizaron en 2020, 76 con 292 personas asesinadas incluso 6 niñas y 18 niños y 46 masacres en lo que va de 2021 con 146 víctimas. Un fenómeno que revela la naturaleza de la “violencia estructural” estudiada en profundidad por investigadores y reconocidos académicos.

Los meses finales de 2019 ocurrieron grandes y consecutivas protestas sociales y ya no inducidas solamente por los partidos políticos en Bolivia y Ecuador pero especialmente en Chile (lo que condujeron finalmente a la convocatoria de una Convención Constituyente) y en Colombia con un “Paro Nacional” convocado el 21 de noviembre y que se prolongó hasta el 21 de febrero de 2020 con marchas, “cacerolazos” y concentraciones pacificas en las principales ciudades contra las reformas de pensiones, laboral y educativa y también a favor del cumplimiento de los Tratados de Paz de 2016. Por supuesto, pasado un tiempo y como suele ocurrir en estos casos, las acciones se convirtieron en actos de rechazo a la gestión del gobierno de Iván Duque. Todo ello con un balance discreto si se considera el cuadro violento del país: tres muertes confirmadas y 250 personas heridas.

Para el 28 de abril de 2021 el Comité del “Paro Cívico”, vinculado a las jornadas de noviembre de 2019 convocó a una nueva protesta contra la Reforma Tributaria propuesta por el gobierno. Si bien los efectos de la pandemia del Covid-19 que en el país han sido particularmente severos con una de las altas tasas de letalidad mundial, aconsejan a un ajuste fiscal, la oportunidad para presentar la ley no parecía la mejor y así fue advertido incluso por el propio Álvaro Uribe. La respuesta en las calles fue de tal magnitud que debió ser retirada junto a una invitación al diálogo a los convocantes para enfrentar un creciente descontento popular. Un mes después las acciones y los paros se repiten ahora con un claro tinte opositor estimulado por el clima preelectoral para la consulta presidencial del próximo año. Una elección donde el partido de Duque luce sin mayor opción todavía, mientras que su competidor en 2018 Gustavo Petro se mantiene en el primer lugar de las encuestas con un sostenido 20,6% frente al aspirante de la centro-izquierda Sergio Fajardo con 9,8 por ciento.
Algunos analistas remiten la situación colombiana a lo ocurrido en Chile donde la ola de calle condujo a una salida negociada mediante la consulta constituyente. Menos optimista el novelista y escritor William Ospina escribe:”Ante la marea incontrolable de las multitudes, el aparente poderío de las castas se desmorona”.