El informe sobre lo sucedido el 26 de enero de 1983; sería los primeros indicios de la violencia subversiva, y cobra vigencia en el actual debate presidencial en Perú entre Pedro Castillo-Keiko Fujimori
Masacre de Uchuraccay
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Por Luis Ernesto Fidhel Gonzales


La restitución de una débil democracia en el Perú dio inicio al segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980-1985) al abandonar el poder los militares quienes lo habían derrocado en 1968. La violencia subversiva se había iniciado en el departamento andino de Ayacucho donde operaba el movimiento maoísta Sendero Luminoso. Consistió en el asesinato de ocho periodistas por comuneros del remoto poblado de Uchuraccai.

Una Comisión presidencial multidisciplinaria independiente desprovista de toda competencia judicial o policial sin poderes coactivos de ninguna clase se constituyó para aclarar la verdad de los hechos. Destacando como miembros el ya consagrado escritor Mario Vargas Llosa quien tuvo la vocería principal elaborando un informe sobre lo ocurrido en marzo de 1983.



El hecho aconteció cuando un grupo de ocho periodistas venidos de Lima a Ayacucho con el objetivo de indagar la noticia sobre la muerte de “senderistas” por comuneros de Huaychao, recibida con cierto escepticismo por la prensa capitalina de la época. Sostenía la Comisión que la matanza de Uchuraccai no podía entenderse cabalmente con todas sus implicaciones, si se separa de un contexto de violencia cuyas causas constituyen un aspecto central de la problemática peruana.

Uchuraccai y otras comunidades andinas representaban el conglomerado humano más miserable y desvalido dentro de una región económicamente deprimida, sin recursos con un altísimo índice de desempleo y rendimiento paupérrimo de la tierra. Sus pobladores analfabetos en su mayoría, estaban condenados a sobrevivir con una dieta exigua de habas y papas. La lucha por la existencia ha sido tradicionalmente muy dura, un cotidiano desafío en que la muerte por hambre, enfermedad, inanición o catástrofe natural acechaban a cada paso. El mayor número de víctimas no eran los senderistas ni las fuerzas del orden sino “inocentes ciudadanos” en su mayoría de la clase campesina “sacrificados brutalmente” en un conflicto en el que no le cupo iniciativa ni intervención alguna.

La Comisión había llegado a la “convicción absoluta” de que los comuneros que se encontraban en Uchuraccai habían confundido a los ocho periodistas que se aproximaban con un destacamento de “senderistas” que venían a “escarmentarlos” por el linchamiento de camaradas perpetuados en esa misma comunidad en los días anteriores. Esa operación de represalia era temida y esperada en las comunidades que habían matado “senderistas” y mantenía a los comuneros en un estado de ánimo “sobresaltado, medroso y furibundo”.



Tenía la Comisión la “convicción relativa” que los periodistas debieron ser atacados de improviso, masivamente, sin que mediara un dialogo previo y por una multitud a la que “el miedo y la cólera dotaban de una ferocidad infrecuente en su vida diaria y en circunstancias normales”. Se llegaba a esa conclusión, considerando el hecho que tres de los periodistas hablaban quechua y quienes de haber tenido un dialogo con los comuneros hubieran podido revelar su identidad, explicar su objetivo o intenciones y desarmar la desconfianza y hostilidad de sus atacantes.

La Comisión había llegado a la “convicción absoluta” de que la decisión colectiva de los comuneros en general y de Uchuraccai en particular, de matar terroristas que se acercaran a su territorio, jugó un papel decisivo la seguridad por los comuneros que tenían autorización para actuar así por la “autoridad” representada por los “Sinchis” – fuerzas de la guardia civil de elite -. El argumento unánime expresados por los comuneros de Uchuraccai que los periodistas venía enarbolando una bandera roja que los identificaban con los “senderistas” inclusive vociferando consignas revolucionarias habría provocado la confusión, “dando mueras al gobierno y a los Sinchis” no tuvo validez alguna ni resistía al más somero análisis.

Destaca entre las causas inmediatas de ese contexto de violencia en Ayacucho figuraba la acción insurreccional desatada en 1980, por Sendero Luminoso. No debía ser tomado como un producto exógeno a la realidad peruana. Derivado de la subdivisión maoísta del Partido Comunista Peruano; dentro del concepto de país “semifeudal y semicolonial” que es el Perú, solo alcanzaría su liberación y accedería al socialismo a través de una “guerra prolongada”. Así también, las fuerzas policiales y militares ante el desafío de la lucha armada subversiva tenía su cuota de responsabilidad, por la violencia generada por la contrainsurgencia que había contribuido a crear ese contexto de anormalidad, recelo y pánico y odio que dio lugar a las matanza de los periodistas.



La Comisión advierte que no se planteo antes de la muerte de los periodistas el grave problema jurídico y moral que estos linchamientos constituyen para un sistema democrático. Era el justificar el asesinato de los periodistas en el principio de la legítima defensa, es decir aceptar o alentar a las comunidades campesinas a hacerse justicia por sus manos contra los abusos y crímenes de Sendero Luminoso; significaba “socavar íntimamente” el ordenamiento jurídico de la República y proveer, sin quererlo una cobertura al amparo de la cual se podían cometer toda clase de venganzas personales, desquites regionales y étnicos, además de accidentes terribles.

La matanza de los periodistas había venido a “recordar dramáticamente” al País que en un sistema democrático no podía olvidar jamás, ni siquiera cuando lucha por su supervivencia, que su superioridad moral sobre los sistemas autoritarios y totalitarios radica en los métodos que justifican sus fines, como dijera Albert Camus. En el caso de Uchuraccai hubo una relajación de esos métodos sin la rectificación o amonestación correspondiente.

La Comisión creyó necesario y urgente advertir sobre lo que plantea el jurista peruano Fernando de Trazegnies: en el Perú existen junto con el sistema jurídico occidentalizado y oficial que en teoría regula la vida de la Nación, el otro sistema jurídico tradicional, arcaico, soterrado y a menudo en conflicto con aquel; al cual ajustan su vida y costumbres los peruanos de las alturas andinas como Huaychao y Uchuraccai.

II

En “El pez en el agua” (Editorial Seix Barral, Barcelona, España 1993) memorias políticas de Mario Vargas Llosa particularmente cuando fue candidato presidencial para las elecciones de 1990, plantea que pacificar al Perú era una prioridad junto con la lucha contra la inflación. No podía ser la lucha de policías y militares, sino de la sociedad civil en conjunto pues toda ella iba a pagar las consecuencias si Sendero Luminoso convertía al Perú en la Camboya de los jemeres rojos o el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en una segunda Cuba.

Dejar la lucha contra el terror en manos de policías y militares no dio fruto. Más tuvo consecuencias negativas. Sin ayuda civil el régimen democrático no derrota a un movimiento subversivo. El primer gobierno de Alan García (1985-1990) agravo la situación con los “grupos contraterroristas”.

La tesis de Vargas Llosa era “al terror no había que combatirlo con el terror solapado” sino con los civiles: Asumiría personalmente la dirección contra el terrorismo si era elegido presidente; reemplazaría a los jefes políticos militares de las zonas de emergencia por autoridades civiles y armaría a las “rondas” formadas por campesinos para enfrentarse a los senderistas.

La presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000) en líneas generales realizo lo contrario a la tesis de Vargas Llosa: Fortaleció a las fuerzas armadas y las involucro a todas en la lucha contra la subversión más aún después del autogolpe de abril de 1992 y el proceso constituyente de 1993. Derroto a la subversión de Sendero Luminoso y MRTA reduciéndola sustancialmente. Acabo con la hiperinflación, reconecto al Perú al sistema capitalista mundial que se había aislado a partir del régimen socialista-militar de Velazco Alvarado (1968-1975) y profundizado en el primer gobierno de Alan García (1985-1990) alineado con el discurso al discurso castrista-cubano del no pago de la deuda externa y continuación de las nacionalizaciones particularmente la banca . Fujimori implemento la actual economía de mercado.

Internacionalista UCV- Abogado – UCAB-