Por Arlenys Tabare: Lo sucedido en el estado Bolívar es consecuencia de un gobierno económicamente asfixiado que busca suplantar la renta petrolera, por la renta derivada del oro
Ikabarú - La masacre minera
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El oro, que enriqueció a algunos, destruyó a muchos, convirtiéndose así en una auténtica “quimera”. Jack London

El viernes 22 de noviembre, aproximadamente a las 7 de la noche, un grupo de hombres armados irrumpieron en la comunidad de Ikabarú, Sector Pemón N°7 del municipio Gran Sabana del estado Bolívar; zona que es actualmente habitada por indígenas y también no indígenas de la región, quienes en su mayoría se dedican a la extracción de minerales sobre todo oro, para su posterior comercialización, ya que en el lugar se encuentran importantes yacimientos auríferos.

De acuerdo con los testimonios, la “masacre” se habría registrado específicamente en el centro del pueblo frente al negocio de Dani Tomedes, donde ciertamente se hallaba un número considerable de personas de la comunidad. Al lugar llegó el grupo armado disparando hacia el local, generando la muerte ya confirmada de los ciudadanos: Edison Ramón Soto Suarez de 47 años, nativo de Ikabarú y miembro de la etnia pemón, Luis Alejandro Fernández de 32 años, el sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Antonio Pereda de 46 años, Leslie Ezequiel Basanta de 33 años, Jeremy Muñoz de 17 años y Richard Antonio Rodríguez 30 años de edad, desconociéndose aún el número de heridos.

Este tipo de masacres se han vuelto recurrentes en las zonas mineras del estado, donde bandas delictivas denominadas “sindicatos” o también llamadas “pranato minero” se apoderan por medio de la violencia de territorios, para una vez logrado el control de estos implantar un sistema de explotación en connivencia estatal. Esta vez la disputa se habría generado entre uno de los grupos delincuenciales por el control de una mina conocida como “La Caraota”, la cual la noche anterior habría sido tomada a la fuerza por la banda de “El ciego”, quienes además al día siguiente se apoderaron del lugar e impidieron el paso de las autoridades para las pesquisas correspondientes e incluso de los familiares de las víctimas.

Cabe destacar, que Ikabarú es la segunda parroquia del municipio Gran Sabana, a tan solo 6 kilómetros de distancia de la frontera con Brasil, siendo además un espacio con importantes atractivos turísticos del país, debido a sus hermosos paisajes naturales y su rica biodiversidad. No obstante, le fue imposible escapar de la fiebre por el oro, luego de haber sido anunciada la apertura de lo que hoy se conoce como el “Arco Minero del Orinoco”.

Tras conocerse el lamentable suceso, autoridades nacionales, ONG’S y Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han condenado contundentemente la situación que actualmente se vive en la región donde aseguran que en los asentamientos cercanos a las minas se cometen innumerables violaciones de derechos humanos: asesinatos, actos de semiesclavitud, violencia sexual, además de proliferación de enfermedades como el paludismo y la fiebre amarilla también la contaminación ambiental que afecta directamente a las pocas comunidades indígenas que allí logran hacer vida.

Hasta los momentos se han contabilizado más de 40 masacres, todas ellas relacionadas con la llamada “quimera del oro” que solo ha provocado día tras día la devastación del Arco Minero. Sus relaciones tienen que ver con el tráfico ilegal del mineral en el cual no solo están involucrados grupos paramilitares, bandas delincuenciales, sino también cuerpos armados del Estado, que actúan de manera violenta con la única intención de apoderarse a toda costa del oro que hay en el territorio.

Venezuela es uno de los países con las mayores reservas de riquezas naturales, no solo petrolera y de oro, sino además de recursos como bauxita, hierro, carbón, diamante, coltán, entre otros que reposan en las entrañas del Macizo Guayanés importantes para el desarrollo económico del país. Sin embargo, durante varios años compañías transnacionales y mineros ilegales habrían estado explotando sobre dichos territorios, afectando a las poblaciones indígenas. Para mantener el control en la zona por parte del Estado, en el año 2011 el entonces presidente Hugo Chávez decidió impulsar un plan estratégico llamado “Arco Minero del Orinoco”, con ello las explotaciones que se daban en los estados Bolívar, Amazonas y parte de Delta Amacuro, ya no serían un secreto, sino una política estratégicamente legal con firma presidencial.

Para el año 2016 se cumple el decreto, llevando la firma de Nicolás Maduro, sin embargo años atrás ya se habrían establecido en la zona grupos armados que controlaban las explotaciones de manera ilegal, amenazando y aterrorizando inhumanamente a los habitantes de los sectores adyacentes a los yacimientos, con sus prácticas delincuenciales. El gobierno había llegado tarde y ya era un territorio sin ley, aunque en un principio se quiso tomar el control absoluto, la situación se agravó más ya que no solo eran bandas criminales y mafias comunes organizadas entre las mismas comunidades, ahora se trataba de paramilitares, se hablaba del Ejército de Liberación Nacional y de las FARC, guerrillas colombianas dentro del territorio.

La única manera de establecer el equilibrio, según los más entendidos, es propiciando un acuerdo con estas organizaciones para la explotación en las zonas. Lo que se vive actualmente en el estado Bolívar es sin duda una consecuencia propia de un gobierno económicamente asfixiado que busca desesperadamente oxígeno suplantando la renta petrolera, por la renta derivada del oro.