Después de una contundente y reciente victoria que le dio el control holgado del poder legislativo el presidente salvadoreño Nayib Bukele, intervino el poder judicial con el apoyo de las fuerzas armadas que él reconoce y proclama como el verdadero soporte de mandato. Personaje curioso, extravagante, gobierna con el “twitter” en la mano, y se burla del comportamiento habitual de los políticos de su país. Electo hace dos años por la votación de un partido propio y consolidada hace dos meses con la victoria legislativa con un nuevo partido, reivindica como indiscutible logro haber derrotado a los partidos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, de izquierda) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, de derecha) los ejes de la polarización política después de concluida una espantosa guerra civil entre 1980 y 1992. Bukele confía su gestión a un estamento armado responsable de crímenes y delitos de lesa-humanidad muchos de los cuales todavía no han sido aclarados ni castigados sus culpables.

Jair Bolsonaro fue elegido Presidente de Brasil en octubre de 2018 como candidato independiente, exmilitar, exdiputado, y quien cobró fuerza política por su discurso radical de derecha en la onda de Donald Trump en Estados Unidos y al cabalgar con la caída del Partido de los Trabajadores en el poder por la denuncias de corrupción del caso Lava Jato que provocó la salida de Lula Da Silva y Dilma Rouseff. Ahora su gestión a contracorriente de la opinión mayoritaria del país es afectada por el mal manejo de la Pandemia de Covid-19 y los efectos de una grave depresión económica. Su apoyo fundamental, ante el rechazo del mundo político ha sido el factor castrense que durante años ha monitoreado y garantizado el regreso de la normalidad democrática. Justamente ante los malos resultados de su gobierno se explicaría la decisión de la Corte Suprema de Justicia de eximir a Lula de los delitos por los cuales fue condenado e inhabilitado como candidato frente a Bolsonaro a quién según las encuestas superaba holgadamente. De allí que no sea extraño que ahora la voz de los cuarteles facilite el próximo año su regreso a Brasilia, con un discurso moderado para el retorno a las convivencias democráticas mediante el juego institucional de los partidos.

Al frente de un tractor Alberto Fujimori se hizo político y Presidente de Perú. En la segunda vuelta de la consulta presidencial de 1990 derrotó al novelista y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Si bien contó con la votación secreta de una parte del APRA el partido que dejaba el poder de Alan García, su apoyo no tenía que ver con los factores políticos tradicionales. Sus soportes fueron la Asociación Peruana de Empresas Medias y Pequeñas (APEMIPE), un sector de trabajadores informales y varios grupos de creyentes evangélicos. Y por supuesto, elementos militaristas que habían conocidos los gobiernos militares de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. Habría de comenzar el llamado “neomilitarismo” latinoamericano. En abril del 92 se produce un Autogolpe o “Fujimorazo” con apoyo de las fuerzas armadas que abriría el camino de diez años de gobierno con apoyo popular por la lucha contra el terrorismo de “Sendero Luminoso” y la recuperación económica con fórmulas neoliberales frente a la deuda externa entonces de moda.

 
En el 2000, luego de graves denuncias de corrupción y ya clara la intención de perpetuarse en el mando, Fujimori viajo a la cumbre de APEC en Brunei, luego a Malasia y posteriormente a Tokio donde recibió la noticia que tras reñidas elecciones entre oficialista y opositores en el Congreso Nacional, Valentín Paniagua de Acción Popular había sido electo presidente del Congreso Nacional, al entender que había cesado su mandato; renuncio al cargo desde Japón mediante una carta vía fax. El parlamento dio curso a su renuncia y en sesión especial declaro la incompetencia moral permanente de Fujimori y la vacancia de la Presidencia y luego al ascenso de Paniagua como presidente transitorio. Habría de comenzar largos años de exilio y prisión. En septiembre del 2007 fue extraditado a Perú para enfrentar cargos penales y condenado a 25 años de prisión la cual cumple actualmente.

 
Su hija, Keiko Fujimori resulto electa congresista por Lima entre 2006 y 2011, fundó el partido Fuerza Popular en 2010 y se ha postulado a la Presidencia de la República en las elecciones generales de 2011 y 2016 disputando el segundo lugar y siendo también acusada de corrupción y otros delitos a pesar de lo cual de nuevo aspira a la elección presidencial del presente año disputando con posibilidades ciertas de victorias con el candidato populista de izquierda Pedro Castillo, en la consulta del próximo 06 de junio. Es decir el “Fujimorismo” 31 años después, sigue siendo un factor de poder que dio paso a la consolidación del fenómeno populista hasta entonces asignado solamente a líderes de izquierda. Keiko ha prometido que de resultar electa su primera medida será conceder el indulto a su anciano padre quien padece graves quebrantos de salud en una cárcel limeña. ¿Cuál será la respuesta del sector militar antes el resurgimiento del “Fujimorismo”?.

Los Tratados de Paz en Colombia aprobamos en el 2016 por Juan Manuel Santos y representantes de la FARC con amplias medición internacional prometían el alivio de la conflictividad política colombiana y de la llamada violencia estructural que ha representado décadas de guerras. No obstante, con el gobierno de Iván Duque y con la aplicación de políticas contradictorias al contenido de los Acuerdos se ha generado una tensa situación política que ha provocado en la practica el traslado de la lucha armada en el campo a la confrontación, ahora con presencia de nuevos factores sociales en las principales ciudades mediante costosas y sangrientas protestas iniciadas en 2019 y agravadas en las últimas semanas en paralelo a los efectos de una grave expansión del Covid-19. En la represión de las manifestaciones han intervenidos además de las policías rutinarias, factores militares que han cobrado notable importancia en los últimos años con la vigencia del Plan Colombia en combinación con el Ejército Norteamericano originalmente concebido en la lucha contra el Narcotráfico. El tradicional debate político entre las viejas formaciones de liberales y conservadores se ha traducido en la aparición de nuevos agentes que propician cambios no solo institucionales, sino también de naturaleza económica y social. Ello hace que en la opinión internacional cobre fuerza la impresión del que el conflicto colombiano puede desembocar en una acción militar que incluso podría extenderse hacia sus vecinos de acuerdo a posiciones tomadas y anunciadas por el alto mando castrense.

El líder venezolano Jóvito Villalba solía referirse al dilema trágico “entre democracia y dictadura” que caracterizaba América Latina. Luego de la oscura década del golpismo victorioso en Centroamérica y el Cono Sur en los años 70 y 80, además, con la aparición de nuevas instancias que juzgan la violación de derechos humanos y facilitan la ruta de discusión y transición democrática, el tiempo de las madrugadas violentas en los cuarteles han dado paso a una presión mucho más civilizada y pacífica de los altos mandos militares, pero que deciden no sólo en la política general y en los espacios que constitucionalmente les corresponde, sino también en el manejo de gobiernos de origen legitimo y que si bien mantienen formas de convivencia institucional son al final expresión de propósitos y metas cuartelarias.