Durante la campaña electoral de 1978, Luis Herrera Campíns entonces candidato de COPEI frente a Luis Piñerúa Ordaz de Acción Democrática impuso el eslogan ¡¡Donde están los reales!! Una pregunta sobre el destino de los extraordinarios recursos financieros manejados por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, por el salto de los precios petroleros. La ocurrencia publicitaria del asesor norteamericano David Garth habría de convertirse en una pregunta habitual en el debate político en los últimos años ante la generalización del fenómeno de la corrupción y el uso de ella como arma para la descalificación de gobernantes y líderes políticos. La referencia viene a cuenta ante la petición hecha recientemente por el líder de Primero Justicia y canciller del gobierno interino, Julio Borges el propio Juan Guiado y que a denunciado en los últimos meses el requerimiento de explicaciones por el uso de los recursos aportados por el gobierno norteamericano y el manejo de activos nacionales en el exterior por dirigentes y parlamentarios del propio equipo de Guaido. Borges en su cuenta de twitter, ha exigido explicaciones claras sobre lo ocurrido con el “Caso Crystallex” y en el tema de Citgo y recientes denuncias de irregularidades en el “Caso Petroparaguay”. El dirigente político escribió: “Desde Primero Justicia queremos insistir en la necesidad de mostrar los resultados concretos de las investigaciones que hemos solicitado, con el fin de aclarar si hubo un manejo transparente de los fondos públicos”. Un planteamiento que ha generado natural expectativa por cuanto se vincula con señalamientos parecidos formulados también por dirigentes de Primero Justicia, Voluntad Popular y Alianza Bravo Pueblo, y además, con la reciente decisión de una comisión especial de la Asamblea Nacional que preside el diputado José Brito ante la Fiscalía General de la República sobre el comportamiento de varios exparlamentarios en el periodo 2015/20, en operaciones supuestamente delictivas, así como la solicitud de prohibición de su salida del país.


DENUNCIA CALDERÓN BERTI

El año pasado el entonces embajador del gobierno interino en Bogotá Humberto Calderón Berti renuncio y denuncio graves irregularidades sobre el manejo de cantidades de dinero enviadas para la organización del Concierto Internacional a favor de la ayuda humanitaria a Venezuela celebrado el 23 de febrero del 2019 en Cúcuta. Los señalamientos involucran a personas de la absoluta confianza de Guaido, entre ellos Roberto Marrero, exjefe de su despacho y abogado de Leopoldo López. Las denuncias cayeron en el vacío y el propio Marrero fue detenido días después de la fracasada intentona golpista del 30 de abril del mismo año.


EL CASO CITGO

Son más que conocidos también los señalamientos formulados por especialistas, como el Ingeniero Jorge Alejandro Rodríguez sobre irregularidades en la adjudicación y manejo del equipo interventor de la empresa petrolera Citgo y otros activos nacionales que, a propósito de la ruptura de relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, pasaron a ser administrados por personas del llamado “gobierno legitimo” de Juan Guaido y las cuales añaden también el caso de la compañía Monómero de capital venezolano radicada en Colombia y varias refinerías venezolanas que operan en zonas del Caribe. De la misma manera se han formulado acusaciones sobre la forma de como se distribuyen recursos a los embajadores del gobierno interino y de manera especial lo ocurrido con la confiscación de toneladas de oro y en poder del Banco de Londres, así como otras cantidades de dinero congelados en instituciones financieras en Italia y en Portugal.


PETROLEO EN PARAGUAY

Recientemente se hizo público una denuncia en la Asamblea Nacional sobre una operación de condonación de deuda por petróleo a Paraguay por 269 millones de dólares que habría sido realizada por un abogado del gobierno interino y que habría recibido 18 millones de dólares en comisión y para el pago a bufetes argentinos para el manejo del caso e incluso a un hermano del presidente de Paraguay Mario Abgo Benítez, quien casualmente junto a Sebastián Piñera de Chile, Iván Duque de Colombia y el secretario de la OEA Luis Almagro asistieron al famoso concierto de Cúcuta, que como se ha comprobado servía de pretexto para una operación militar con desertores venezolanos para el derrocamiento de Nicolás Maduro. Muchos de los participantes entonces, entre ellos el organizador de seguridad del evento Jordan Goudreau, presidente de la empre de veteranos de guerra SilverCop que conjuntamente con desertores venezolanos radicados en el vecino país prepararon y organizaron la “Operación Gedeón” del 4 de mayo del 2020 con saldo de muertos, detenidos y prófugos aun perseguidos en territorio colombiano y que supuso además un pago millonario que de acuerdo a documento posteriormente hecho público correría a cargo de los activistas opositores JJ Rendón, Sergio Vergara y el propio Guaido.


ACTUA LA FISCALIA

El pasado miércoles 27 de enero la comisión de contraloría de la AN presidida por el diputado José Brito acudió ante el Ministerio Publico para denunciar el entramado mediante el cual se condonó la deuda de Paraguay con el Estado venezolano y además para solicitar la prohibición de salida del país de 12 exdiputados y que incluye al propio Juan Guaido. Brito reiteró que el 80% de los presuntos involucrados aun se encuentran en territorio nacional y que a su vez prevé establecer un cronograma para hacer las citaciones correspondientes, garantizando el debido proceso. Todo indica que la llamada “corrupción opositora” pasa ahora a instancias formales que se espera establezcan las responsabilidades a que haya lugar. Más allá de la gravedad política del hecho, que de ser confirmado entre otras cosas pondría en claro que la corrupción ya no es sólo de los gobiernos, sino también de las oposiciones que a nombre de su lucha contra el flagelo aspiran a ganar el favor de la población. En todo caso tiene vigencia la vieja consigna: ¡¡Donde están los reales!!