La Corte Internacional de Justicia en La Haya celebrará el 30 de junio una audiencia en videoconferencia para conocer la demanda unilateral de la República Cooperativa de Guyana contra Venezuela en la histórica disputa por el territorio Esequibo. La sesión había sido suspendida por la cuarentena del coronavirus en la convocatoria pautada el pasado mes de marzo. A última hora, “en una decisión que no tiene precedente”, según un comunicado de la cancillería venezolana, se tomó por primera vez, con sospechosa urgencia, la vía audiovisual. El gobierno nacional recuerda también que en una reunión celebrada el 18 de junio de 2018 con la delegación encabezada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Jorge Arreaza; se advirtió que “la acción unilateral de Guyana carece de fundamento legal para la juridicción de la Corte.

Como se conoce Venezuela rechaza la instancia de la Corte, al igual que durante muchos años antes lo hizo Guyana, una vez que los gobiernos venezolanos denunciaran la vigencia del Laudo Arbitral de Paris firmado en 1899 y que despojara al país de una importante porción del territorio Esequibo; sentencia que se firmó en la capital francesa el 3 de octubre de 1899, dos años después del llamado Tratado Arbitral de Washington. El dictamen resultó favorable al Reino Unido al adjudicarle el territorio conocido como Guayana Esequiba de 159.500 km2 al oeste del Rio Esequibo. Venezuela rechazó el dictamen por considera que la sentencia adolecía de graves vicios de nulidad. Sin embargo no fue hasta 1962 cuando el tema fue denunciado y considerado por las Naciones Unidas durante el gobierno de Rómulo Betancourt.


ACUERDO DE GINEBRA

La controversia de este modo se trasladó a las negociaciones entre Venezuela, Gran Bretaña e Irlanda del Norte y posteriormente ratificados por Guyana al alcanzar la independencia del Reino Unido y que concluyó con su firma el 17 de febrero de 1966, para buscar una solución política negociada (toda vez del desconocimiento venezolano al Laudo de París), para lo cual se escogió la fórmula del “buen negociante”, un funcionario escogido por el Secretario General de la ONU y que se encargaría de común acuerdo con las partes en buscar y encontrar vías para bajar las tensiones y lograr un esquema de acuerdo por la vía del consenso o el avenimiento a una fórmula común.

El 2013 a los 25 años de las gestiones de “buenos oficios” sin resultados y más bien con el agravamiento de las diferencias y tensiones políticas entre los dos países, el gobierno de Georgetown recurrió ante el secretario general de la Organización, Ban Ki-Moon, para solicitar el cese de las gestiones conciliatorias, ante lo cual el diplomático solicitó y ordenó una prórroga, cuando menos de un año, para tomar una decisión y evaluar la respuesta venezolana. La cancillería de Maduro, como era natural y sobre la base de un sentimiento nacional que va más allá de oposición y gobierno, insistió en que rechazaría la simple invocación del Laudo de Paris y que sólo confiaba en el camino de las negociaciones. Ante ello, el nuevo secretario general desde 2017, Antonio Guterres, y ante la firme e irrevocable posición histórica de Caracas, decidió continuar el caso en el plano jurídico ante la Corte Internacional de Justicia que se reunirá a partir del último día de junio en el Palacio de la Paz en La Haya.

Ausente Venezuela y descartadas las vías de la negociación —que como recuerda el internacionalista y exembajador en Guyana Sadio Garavini—, han marcado decisiones limítrofes recientes como en los casos de Colombia y Nicaragua; Chile y Bolivia; y Argentina y Chile, las consideraciones a ser aprobadas en este caso serán sobre aspectos jurídicos que son la base del Laudo Arbitral de 1899 y que fue cuestionado y rechazado por la representación venezolana porque sus conclusiones estuvieron teñidas por el fraude y el comportamiento desleal y ventajista de los jueces de entonces y no por el contenido mismo de los documentos consultados. Por ello Guyana siempre apoyó la vía judicial y ahora con mayor razón, ya que ese país ha visto fortalecido su peso geopolítico en la zona con el apoyo de Estados Unidos y sus países amigos; las naciones del CARICOM, y porque además en los últimos años la zona se ha revelado como una poderosa reserva petrolera y con un nivel de crecimiento —tal como lo recuerda Garavini—, que en plena crisis del coronavirus se estima en más del cincuenta por ciento, siendo el más alto en un mundo amenazado por una devastadora pandemia en la economía planetaria.