EL 2 de mayo de 2023 Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió la licencia número 42 que autoriza a los exdiputados de la Plataforma Unitaria Opositora (AN de 2015 y gobierno interino de Guaidó) a realizar transacciones relacionadas con negociaciones de deuda del Gobierno de Venezuela, PDVSA o cualquier entidad donde la República posea una participación igual o superior al 50%.

La medida que fue denunciada por Venezuela como “un descarado intento de robo” de Citgo, se suscita luego que la Corte de Justicia de Delaware autorizara a acreedores de deuda venezolana a embargar la empresa propiedad de PDVSA.

EL DESPOJO

El Presidente Nicolás Maduro declaró que tras el secuestro de la empresa por parte de Estados Unidos, Venezuela dejó de recibir 900 millones de dólares por la venta de petróleo, y también perdió la posibilidad de solución en materia de gasolina. Recordó el mandatario que durante años Venezuela vendió a Citgo a través de Petróleo de Venezuela, alrededor de 400.000 y 500.000 millones de crudo diarios, lo que se traduce en 30 millones de dólares dólares diarios. “Como fue despojada, secuestrada en tiempos de Donald Trump, cortaron el suministro de ese petróleo que se producía en Venezuela”, acotó Maduro.

LAWFARE PETROLERO

Leopoldo Puchi

El juicio que se adelanta contra la empresa venezolana de refinación Citgo tiene la apariencia de un simple litigio comercial que involucra una demanda por una deuda pendiente, un embargo y una subasta de bienes para pagar al acreedor.

Sin embargo, lo que está en juego es más que una deuda pendiente.

Citgo es una empresa clave y su venta representa una importante pérdida para el país.

El reciente anuncio de la OFAC de que tendrá una "política de licencias favorable" para la venta de Citgo podría expresar el curso habitual de todo litigio comercial, pero la realidad es otra: se trata del último paso de una estrategia judicial dirigida a privar a Venezuela de su principal activo en el exterior.

Este proceso comenzó en 2019 y ha estado conducido por intereses geopolíticos que han creado el marco y las condiciones en que se desenvuelve la demanda judicial.

JUDICIALIZACIÓN

Para lograr su objetivo, se ha recurrido al “lawfare”, una técnica que se usa con frecuencia en conflictos políticos y que en este caso es utilizada bajo un revestimiento de caso comercial.

El “lawfare” es definido por el diccionario de Oxford como “acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo”.

En efecto, el “lawfare” es una guerra jurídica que utiliza las instancias judiciales para dar un manto de legalidad a actuaciones que se adelantan con fines distintos a los que enuncian y que se llevan a cabo sin respetar los principios de un juicio justo.

Y es precisamente esto lo que está ocurriendo con Citgo. Se está utilizando el sistema judicial estadounidense para aprovecharse de la debilidad de Venezuela.

LA DEUDA

Por supuesto, en esta demanda a Citgo cada uno de los acreedores tiene interés recuperar la deuda que se le debe.

Pero esta es solo una parte de la historia, la superficie, pero no es suficiente para comprender la totalidad de la cuestión.

Estamos hablando de petróleo, ese obscuro objeto del deseo que ha llevado a guerras en todo el mundo.

Claro está, PDVSA no tenía por qué recurrir al endeudamiento ni por qué emitir el bono 2020 garantizado con el 50.1% de las acciones de PDV Holding.

La mala gestión, la corrupción y las decisiones erradas se han hecho crónicas en PDVSA.

Aun así, la petrolera venezolana tenía las condiciones para cancelar el endeudamiento y así se hizo hasta 2019. Los otros casos, como Crystallex o Conoco Philips, son improcedentes, porque no están atados a las acciones de Citgo.

EL INTERINATO

No es casual que haya sido julio de 2019 que un tribunal confirmara un fallo a favor de Cristallex y que en agosto de ese mismo año los tenedores de bonos hayan iniciado el juicio contra Citgo, en lugar de buscar un arreglo.

En ese momento, estaban creadas las condiciones para una estrategia de “lawfare”.

PDVSA no podía realizar transferencias de pagos y, además, se le prohibió vender petróleo, lo que obviamente le impedía generar los ingresos para pagar la deuda.

Los tribunales estaban enterados de la existencia del bloqueo petrolero y financiero, pero no se tomó en cuenta la situación de extrema desventaja y vulnerabilidad que se había creado para una de las partes.



LA SUPLANTACIÓN

La trama judicial contra Citgo llegó más lejos de lo que se podía pensar, ya que se utilizó la designación de un “gobierno interino” como herramienta para impedir que los representes legales de PDV Holding pudieran litigar en el juicio.

El tribunal admitió como supuestos representantes legales de la empresa a personas que no contaban con la debida autorización.

De esta manera, ha tenido lugar una suplantación fraudulenta de identidad que ha favorecido la apropiación de los activos venezolanos e impedido acuerdos de conciliación.

El proceso judicial se ha realizado sin que PDV Holding haya podido ejercer su legítimo derecho a la defensa, lo que significa que las partes no han tenido las mismas oportunidades para presentar sus argumentos y pruebas.

ACUERDOS

En vista de estas circunstancias del “lawfare”, las negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos deben incluir la revisión de los efectos de la estrategia de “cambio de gobierno” adoptada por Donald Trump, así como estudiar la reposición de varios casos y considerar reparaciones por los daños causados.

La verdad es que nadie cree en Estados Unidos que en algún momento Juan Guaidó fue presidente de Venezuela.

Y este hecho tiene consecuencias. Es necesario tomar esto en cuenta para así reiniciar con pasos ciertos las relaciones de cooperación entre los dos países.