Para el proceso electoral uruguayo de noviembre de 1971, el presidente Pacheco Areco pretendía reelegirse modificando la nueva Constitución de 1966 mediante un plebiscito; quien había llegado al poder por el fallecimiento del presidente Oscar Diego Gestido, en 1967, y que para el momento era el vice-presidente. La guerrilla Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) calificado de extrema izquierda, a partir de este hecho hacía su aparición en la política de forma insurgente, aunque su etapa fundacional se fija en la década de los sesenta. Sus acciones se reflejarían en atentados, tiroteos y secuestros; estando dispuestos hacer lo que fuere necesario para impedir la pretensión continuista de Pacheco. El 9 de septiembre de 1970, se encomendò a las Fuerzas Armadas la conducción de la lucha contra la guerrilla del movimiento “Tupamaros”.

Este movimiento guerrillero fue organizado por Raúl Sendic quien abandonó sus estudios de derecho para incorporarse a la agitación sindical. Se inició como elemento activo de los cuadros del Partido Socialista, pero rompe con este al señalar que era un partido apenas de “maniobras”. Desvinculado de la línea partidista se resolvió por la agitación rural en Bella Unión departamento de Artigas. Organizò a los campesinos en sindicato y grupo armado que serían la referencia primaria de lo que sería después la famosa querrilla. .

No se restringió sus actividades políticas a la lucha armada tal como se evidenciò después de la constitución del Frente Amplio y respaldándolo porque representaba la oposición al imperialismo y la oligarquía. El programa político de los Tupamaros sintetiza su posición política en “la lucha armada para la implantación del socialismo”. Su objetivo final de establecer un régimen marxista leninista no le impedía, sin embargo, apoyar a movimientos nacionalistas, militares progresistas o la burguesía nacional que podrían ser incorporados perfectamente en el proceso de lucha revolucionaria.

Por otro lado, los partidos tradicionales que detentaron el poder en Uruguay desde su fundación como república, Colorados-Blancos vieron amenazado por primera vez su predominio por el general Liber Seregni, quien encabezó una coalición donde se encontraba democristianos, socialistas, comunistas y disidentes de los partidos tradicionales denominada Frente Amplio. Inicialmente tuvo una escasa penetración popular, posteriormente encabezaría las encuestas de opinión pública en detrimento de los partidos tradicionales. El candidato general Lîber Seregni gozaba de amplias simpatías en el electorado de la ciudad de Montevideo y confianza en un sector apreciable de las Fuerzas Armadas.

En septiembre de 1971, 106 guerrilleros tupamaros protagonizaron una fuga jamás ocurrida en la historia de Uruguay liberando a sus líderes más calificados en “Punta Carretas” , un centenario presidio; llevando tres meses de planeamiento y nueves meses de ejecución. Se anunciaría la liberación de su jefe máximo Raúl Sendic fundador de la organización quien estaba en cautiverio desde octubre 1970, de Julio Marsenals Saenz primer guerrillero detenido por el gobierno en octubre de 1968. Pusieron en libertad también a Geoffrey Jackson embajador del Reino Unido de la Gran Bretaña secuestrado en enero de 1971, acotando que lo hacían por un acto de “soberanía plena”.

El presidente Pacheco Areco tomô providencias inmediatas; atribuyô el hecho a las “limitaciones del sistema democrático” aprovechado con audacia por grupos delincuenciales. Estableció una rigurosa censura de prensa y prohibió cualquier manifestación pública. La dirección del combate contra la subversión estaría bajo la responsabilidad de 18.000, efectivos de las militares limitándose la policía civil a cumplir funciones de asesoramiento. La censura originada por esta fuga, obligò al general Seregni al anuncio que el Amplio Frente crearía una cadena de periódicos de circulación clandestina.

Dentro de la estrategia reeleccionista de Pacheco iba como candidato a vicepresidente Juan María Bordaberry, quien se desempeñaba como ministro de Ganadería y Agricultura, pero al mismo tiempo era uno de los candidatos del Partido Colorado. Pacheco se retiraría sorpresivamente de la competencia electoral habiendo su candidatura encontrado numerosos obstáculos y resistencia en su propio partido. Asumiendo la candidatura presidencial Bordaberry quien como vicepresidente tenia al ministro del Trabajo Jorge Sapelli.

El triunfo electoral en noviembre de 1971, se debió principalmente que, si bien obtuvo una suma similar de votos que los candidatos del Partido Colorado, la Ley electoral uruguaya permitía que los candidatos de un mismo partido sumaran los votos resultando al final de la cifra el partido ganador. Si bien individualmente Bordaberry obtuvo más votos que sus compañeros de patido; para sacar más sumó los votos de los otro aspirantes., alegando que el sistema electoral uruguayo establecía el sistema de doble voto simultáneo donde cada partido o alianza es un lema; en la práctica se observaba como una elección interna primaria coetáneamente a una final competitiva. De esta forma derrota al candidato opositor del Partido Blanco, Wilson Ferreira Aldunate.

Bordaberry asume el gobierno en marzo de 1972 y anuncia la continuación de “pachequismo” y declara que la política uruguaya “no cambiará en nada” dándose a entender que aumentaría y acentuaría la represión contra los Tupamaros. Antes de la entrega del gobierno por Pacheco a Bordaberry; se clausuró uno de los pocos diarios de oposición que circulaban en Montevideo, que fue el vespertino “El Eco” como también la empresa editora del diario para impedir que se publicara con otro nombre.

GOBIERNO DE BORDABERRY

Iniciado el gobierno de Bordaberry hubo la promesa de entablar un dialogo con los dirigentes políticos, sindicales y económicos; sin embargo, los Tupamaros aumentaron sus actividades guerrilleras forzándolo a declarar el “estado de guerra interna” después de tomar posesión. Poniendo en manos de los militares las operaciones de contrainsurgencia y no de la policía como anteriormente lo estuvo; obteniendo mayor fuerza para intervenir en los asuntos gubernamentales planteando la necesidad no sôlo de defender la seguridad del Estado, sino también de intervenir en los niveles políticos y administrativos.

En abril de 1972, el Parlamento uruguayo votó por más de dos tercios de sus integrantes que el país estaba en un "estado de guerra". Las garantías constitucionales fueron suspendidas; el Ejército no tenía que dar cuenta de sus acciones al Parlamento y ninguna autoridad judicial. Los choques armados se habían multiplicado y los jefes militares al asumir la responsabilidad de la represión, se propusieron destruir el mito guerrillero , presentando “el verdadero rostro de esta mafia, como en su tiempo hicieron los aliados con las potencias del Eje”. De una reunión de oficiales en Montevideo emanó un documento que expresô el repudio a toda forma de subversión, sea la que empuña las armas para “asesinar cobardemente” como la que expolia la economía nacional, usurpa al pueblo el producto de su trabajo, la que propende a la corrupción moral, administrativa y política, la que practica el agio y la especulación en desmedro de la población o la que compromete la soberanía nacional.

Uruguay marchaba hacia una profunda crisis política destacando la incapacidad de la institucionalidad para responder a las profundas exigencias sociales del país. Al producirse las elecciones de 1971, se creó la expectativa por un cambio de situación que no solamente aseguraría la paz sino mejoraría en la actividad económica y eficiencia en la conducción de las instituciones del Estado. El proceso inflacionario se acrecentaba cada día más aunado a los frecuentes conflictos huelgarios, la devaluación de la moneda y déficit presupuestario.

La crisis se agravó con la detención del dirigente del Partido Colorado Jorge Batlle ordenada por los jefes de la fuerzas armadas a pesar de la oposición del presidente Bordaberry; increpando probar a Battle las acusaciones que había realizado en unas declaraciones contra los mandos militares, acusando públicamente a dos oficiales del ejército de extralimitarse en sus funciones para que fueran investigados sobre presuntos delitos económicos averiguados en 1968, por una comisión senatorial y justicia civil. La detención causò protestas y la renuncia de tres ministros de su partido que se extendieron posteriormente a los restantes del gabinete, para dejar a Bordaberry en libertad de acción y reorganizar su gobierno.

En febrero de 1973, se presentó una crisis entre Bordaberry y los mandos militares, sustituyendo al Ministro de Defensa Nacional, Armando Malet, por el general retirado Antonio Francese. El nuevo ministro se reunió con los mandos de las tres fuerzas y sólo encontró respaldo en la Armada. Los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea anunciaron que desconocerían las órdenes del ministro Francese y reclamaron al presidente su relevo. Bordaberry anunció que mantendría a Francese en el Ministerio y convocó a la ciudadanía a reunirse en la Plaza Independencia frente a la Casa de Gobierno.

El vicealmirante Zorrilla Camps ordenó a fusileros de la armada el bloqueo de los accesos al barrio portuario con autos y buses a modo de barricadas, con el objetivo de ofrecer resguardo al presidente Bordaberry en la sede de la Armada, ante la sublevación de la Aviación y el Ejercito. En respuesta, el Ejército sacó sus tanques a las calles y ocupó varias emisoras de radio, desde las cuales exhortó a los miembros de la armada a unirse a sus planteamientos. Posteriormente, renunciaría al producirse amotinamientos en la armada siendo sustituido por el capitán de navío Conrado Olazábal, quien se plegó a la postura del ejército y la fuerza aérea.

DIALOGO MILITAR

El 10 de febrero se intentó un acercamiento con las posiciones de los mandos militares insurrectos, de manera de que el presidente pudiera conservar su cargo. Bordaberry concurrió a la Base Aérea "Cap. Juan Manuel Boiso Lanza" y aceptó todas las exigencias de los mandos militares y pactó su continuidad en la presidencia, en lo que se dio en llamar el Pacto de Boiso Lanza. Dicho "acuerdo" encomendaba a las fuerzas armadas "la misión de brindar seguridad al desarrollo nacional" y establecía las formas de participación de los militares en la actividad político-administrativa. Se instaurò el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) órgano asesor del Poder Ejecutivo creado posteriormente por el decreto del 23 de febrero de 1973.

El ejército y la fuerza aérea lograron un golpe blando, o "golpe suave", no solo porque fue incruento; sino porque dejó intacto, aunque impotente, al régimen civil. A cambio de salvar la presidencia, Bordaberry entregó la mayor parte de sus poderes a las fuerzas armadas. Estas tendrían la última palabra en un "Consejo de Seguridad" que incluyó tanto a ministros civiles como a comandantes militares de alto rango. Las funciones reales del Consejo se ejercerían por el ministro de Defensa, cuyo nombramiento y el del ministro del Interior deberián ser aprobados por los militares. También obtuvo el compromiso de Bordaberry de llevar a cabo 19 reformas políticas y económicas específicas, incluida la redistribución del ingreso, la reforma agraria, la eliminación de la deuda externa, la guerra contra la inflación y la represión de la corrupción política.

Bordaberry presidió el golpe de estado del 27 de junio de 1973; disolviendo el Parlamento sustituido por un Consejo de Estado designado por el Ejecutivo. También lo hizo con organizaciones sociales, partidos políticos y suprimió las libertades civiles. Desde el momento que se produjo la insurgencia militar llevô a Bordaberry a pactar con los jefes de las fuerzas armadas; el desenlace no sería otro que la plena imposición de la voluntad de èstos, teniendo mayor participación en el gobierno. La propuesta del nuevo plan gubernamental hacía prever su injerencia decisiva en la conducción política del Estado llevando a Bordaberry en la práctica a asumir un papel formal.

Se intentaría un particular régimen legal en donde la autoridad del Presidente no emanaba del voto popular sino de la voluntad de los jefes militares de manera declarada e instaurada como una nueva fuente jurídica. Los acontecimientos pusieron en relieve un camino de plena hegemonía militar afectando gravemente la democracia partidista uruguaya. Bordaberry introdujo algunos cambios en su gabinete ministerial ante el alejamiento de sus cargos de varios de sus ministros que no compartieron la decisión de disolver el Parlamento.

Los partidos tradicionales no fueron capaces de protagonizar una resistencia notable a los planes militares y medidas tomadas por Bordaberry; lo que corrió a cargo de la izquierda, especialmente del sector obrero pero esta cesaría en condiciones de aislamiento e incapaz de promover una lucha de dimensiones nacionales. Wilson Ferreira Aldunate, líder del Partido Blanco en el exilio en Buenos Aires denunciaba el flagrante apoyo del régimen brasileño al autogolpe estando decidido a trabajar en común con el Frente Amplio para derrocar la dictadura.

En resumen, Bordaberry desató una represión contra el movimiento sindical y popular que se le opuso. También se hallaban en las cárceles Homar Murdoch un capitán de navío retirado quien fuese presidente del Partido Nacional como el general Liber Seregni del Frente Amplio. Siendo ambos militares se destacó que tanto en el Ejército como la Armada había sectores que no comulgaban con los mandos de las fuerzas armadas que sostuvieron a Bordaberry. Estas disensiones se interpretaron que harían crisis cuando el gobierno no lograse resolver los problemas que afligían al país. Las discrepancias se habían puesto de manifiesto cuando circularon rumores sobre el arresto de militares en actividad que se resistían a cumplir órdenes, no descartándose un movimiento militar adverso al gobierno.



El documento suscrito por José Pérez Caldas – comandante de la fuerza aérea – y Hugo Chiappe Posse - comandante interino del ejército- contenía “preocupaciones reformistas” que superaban la pasividad con que el Ejecutivo enfrentò los problemas sociales uruguayos. La doctrina militar de la época que se había difundido a otros países cuestionaban los “mecanismos democráticos formales” replegados sobre sí mismos y poco eficaz ante las tareas del desarrollo poniendo en entredicho el sostén partidista de la democracia uruguaya.

INEFICACIA DE LOS PARTIDOS

Los militares condenaban tácitamente la ineficacia de los partidos tradicionales y los sometía a un juicio moral como también expresaban hostilidad a los marxistas. Bordaberry no negaba su simpatía con el régimen brasileño y puntos en común con la defensa de la democracia y el anticomunismo; además de una amplia frontera con el Brasil que posibilita desarrollar una política de integración económica. Comenzó a hablar de elecciones; pero sin embargo, ponía como condición que se cumpla el “proceso reestructuración política económica” ratificando su disposición a celebrarlas en 1976.

Bordaberry aseveraba que a partir de la década del cincuenta, a causa de la insuficiente sustentación económica, el avance social del Uruguay, comenzó a declinar, y el país llegò a una crisis total que la guerrilla urbana terminó de precipitar; aseverando “Fue entonces cuando Dios, para lo que creemos en él, o el destino o la historia, para quienes no son creyentes, nos colocó en la conducción del país”.

Para 1974, fue devaluado el peso uruguayo trece veces y el costo de la vida había subido casi un ochenta por ciento. Al comenzar 1975, Bordaberry anunciaba nuevos planes para procurar la modernización de las estructuras productivas, a través de una política de estímulos y de presión fiscal para la inversión en el sector agropecuario, de cuya producción básicamente dependía el país. Igualmente, se impulsaría la prospección de petróleo, la construcción de represas dentro de un programa energético necesario desde hacía muchos años; como también incentivarían la búsqueda de yacimientos de hierro y exploración de los recursos pesqueros; y como complemento imprescindible, estimular el desarrollo de la industria mediante la apertura de mercados en los países vecinos.

Reivindicaba, trabajar firmemente en las estructuras jurídicas que habrían de conformar el Nuevo Estado uruguayo para lo cual se aprovecharía “la triste experiencia del pasado”. En relación de la democracia, Bordaberry afirmaba que las elecciones como las anteriores se podía tener certeza de que no volverían, utilizando medios como la demagogia, la promesa electoral a costas de la economía nacional, la agresión propagandística, y el irrespeto. “Esto no tendría lugar en el Estado que imaginamos para el futuro”. En cuanto a los medios para la expresión de la voluntad popular y para la participación de los ciudadanos en la vida del país, se puede tener la certeza de que si existirían.

La Junta de Oficiales de las Fuerzas Armadas decidió destituir a Bordaberry y designar a Alberto Demicheli, quien entonces ocupaba la presidencia del Consejo de Estado, como su reemplazo; en junio de 1976.