Los intentos por legalizar y prolongar la expoliación del Esequibo no han cesado durante décadas. Para tal fin, en el siglo XIX se recurrió a todo tipo acciones, desde el forjamiento de mapas, la amenaza militar, hasta la componenda de los jueces del tribunal de arbitraje de París en 1899.

El descubrimiento de petróleo en aguas del Esequibo en 2015 fue el detonante para que se recrudecieran las acciones dirigidas a mantener el despojo del que fue objeto Venezuela cuando el Reino Unido puso bajo su mandato colonial una parte del territorio nacional valiéndose de su poderío.

En la actualidad, los países con intereses petroleros y mineros en el Esequibo continúan con el mismo empeño. En la búsqueda de asegurar inversiones aspiran a una decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que impida la recuperación por Venezuela de su territorio. Las grandes corporaciones lo quieren así y para ello comenzaron a movilizar bufetes e influencias a partir de 2015 llegando a incidir fuertemente en el gabinete político de Naciones Unidas.

BUFETES PETROLEROS

A principios de 2018, lograron incluso que el propio secretario general de la ONU, António Guterres, violara los procedimientos explícitamente establecidos en el Acuerdo de Ginebra y enviara el caso a la CIJ.

Como se sabe, un paso como este únicamente podía darse si de manera conjunta Venezuela y Guyana le hubieran encomendado al secretario general que buscara una nueva vía para seguir con lo estipulado en el Acuerdo de Ginebra. Esto no sucedió, pero Guterres decidió favorecer a las petroleras en lugar de respetar el texto del Acuerdo.

Además, no es casual que la decisión haya sido tomada en 2018, un momento de altas tensiones internas en Venezuela que debilitaban su actuación.

LA CORTE

Las informaciones disponibles indican que las corporaciones petroleras han tejido un plan destinado a utilizar el tribunal de La Haya con el mismo fin que se usó en 1899 el tribunal de arbitraje de París: legalizar y consolidar el expolio.

Los hechos parecen confirmar esas informaciones, porque la CIJ ya ha tomado decisiones contra Venezuela sin sustento. La primera de ellas fue declararse competente para conocer de la demanda presentada por Guyana, una decisión que no podía tomar de ninguna manera sin el previo consentimiento de Venezuela, como lo establece claramente la propia normativa de la CIJ.

Que se haya realizado un acto como este, tan grave y evidente, es una muestra de la inmensa capacidad de presión que tienen sobre esa instancia los intereses corporativos petroleros.

REINO UNIDO

Otra decisión en contra de Venezuela fue tomada por la CIJ al declarar improcedente la solicitud preliminar de Venezuela de que el Reino Unido sea parte de proceso, debido a su conducta durante el arbitraje y por ser firmante del tratado de Ginebra.

Sin embargo, para justificar esta decisión absurda, a la CIJ no le quedó otra opción que admitir que se le debe dar cabida al examen de la conducta del Reino Unido. Por supuesto, es muy importante este logro del equipo jurídico de Venezuela, pero la ambivalencia de la sentencia de la CIJ y el haber recurrido a una fórmula “heterodoxa” revela su alejamiento de la debida administración de justicia y de la corrección judicial a consecuencia del apremio y las presiones de los lobbys petroleros.

JUICIO POLÍTICO

El problema del Esequibo no es un simple litigio por diferencias de delimitación o trazado de una línea, sino que se refiere a la ocupación de un espacio nacional como resultado de un acto de carácter colonial sobre el territorio de un país constituido. Una apropiación que los grandes intereses económicos y políticos quieren perpetuar.

De manera que estamos ante un juicio que se realiza por razones económicas y políticas. Por lo general, este tipo de juicios no se define sobre la base de las argumentaciones jurídicas, sino en función de intereses políticos. Así lo muestra tanto el arbitraje de 1899 como las decisiones tomadas hasta ahora por la CIJ.

NEGOCIACIÓN

Venezuela pudiera ir a la Corte a defenderse de la agresión de la que es objeto debido a la judicialización del caso y por el incumplimiento del Acuerdo de Ginebra. Pero tendría que quedar claro que no se admitirá que por vía de un acto judicial que viola un tratado se perpetúe la pérdida de una parte de su territorio. Los conflictos políticos y geopolíticos se resuelven por vías de negociación. Precisamente, eso es lo que establece el Acuerdo firmado en 1966.