Donald Trump estuvo durante años, como candidato, en la presidencia y tras su salida de ella, ignorando las normas y los precedentes democráticos y legales, intentando plegar al Departamento de Justicia y al poder judicial a sus caprichos y comportándose como si él no estuviese sujeto a las reglas.

Como demuestra su acusación, sí lo está.

El reiterado desprecio por la ley suele conducir a una acusación penal, y esa es la consecuencia a la que se enfrenta hoy Trump. Los fiscales federales y estatales hicieron bien en dejar de lado las preocupaciones por las consecuencias políticas, o la reverencia por la presidencia, e iniciar exhaustivas investigaciones penales sobre la conducta de Trump en al menos cuatro casos. La investigación del fiscal de distrito de Manhattan es la primera que conduce a una acusación formal.

Trump transformó por completo la relación entre la presidencia y el Estado de derecho, y a menudo afirmaba que el presidente está por encima de la ley. De modo que es adecuado que sus actos como presidente y como candidato sean ahora ponderados oficialmente por jueces y jurados, con la posibilidad de que se enfrente a sanciones penales. Trump dañó gravemente las instituciones políticas y legales de Estados Unidos, y volvió a amenazarlas con llamados a protestas generales cuando fuera acusado. Sin embargo, esas instituciones han demostrado ser lo bastante fuertes para exigirle responsabilidades por ese daño.

Un sano respeto por el sistema legal también requiere que los estadounidenses dejen de lado sus opiniones políticas a la hora de formarse un juicio sobre estos casos. Aunque Trump pidió habitualmente que el FBI investigara a sus enemigos, que fueran imputados o enfrentaran la pena de muerte, su indiferencia hacia las garantías procesales para los demás no debería negarle los beneficios del sistema, incluidos un juicio imparcial y la presunción de inocencia. Al mismo tiempo, ningún jurado debería extenderle ningún privilegio como expresidente. Debería seguir los mismos procedimientos que cualquier otro ciudadano.

La acusación es aún confidencial, y es posible que no se conozcan los cargos contra Trump hasta dentro de unos días. Pero Alvin Bragg, el fiscal de distrito, ha estado investigando un caso de posible fraude e infracciones por parte de Trump en la financiación de su campaña, al ocultar los pagos que le hizo a la estrella del cine porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016. Sus actos —utilizar dinero para silenciar a los críticos y ocultar información políticamente perjudicial— estuvieron mal. La pregunta que se le planteará al jurado es si esa conducta alcanza el umbral suficiente para ser susceptible de una condena por delito grave.

Si son esas las acusaciones, la condena dependerá de demostrar que Trump participó en la falsificación de registros mercantiles mientras se infringía la ley sobre financiación de campañas, una estrategia jurídica un tanto novedosa. La falsificación de registros puede ser imputable como delito menor en Nueva York; para que sea un delito más grave, se debe probar que lo hizo junto con un segundo delito, en este caso, una posible vulneración de la ley en la financiación de la campaña. El expresidente, que aspira a un segundo mandato en 2024, ha negado las acusaciones y ha dicho que la causa presentada contra él por Bragg, demócrata, obedece a motivaciones políticas.

Si bien algunos expertos jurídicos han cuestionado la teoría en que se apoya el caso de Bragg, no hay ninguna base para acusarlo de motivaciones políticas, una afirmación que Trump ha hecho durante muchos años, cada vez que se investigaba su conducta. Del mismo modo que a los miembros del jurado se les instruye para que ignoren las pruebas indebidamente introducidas en un juicio, también deberán ignorar todas las insinuaciones sin fundamento de los partidarios y los defensores de Trump en estos casos, y juzgarlas estrictamente por sus méritos.

Tres de las otras investigaciones que podrían dar lugar a acusaciones son más graves, porque conllevan acusar a Trump, no solo de haber vulnerado la ley, sino también de haber abusado de su cargo presidencial.

Las imputaciones contra él en Georgia están entre las más vergonzosas. Fani Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton, está considerando presentar cargos penales contra varias personas, incluido Trump, por intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado, que ganó el presidente Biden por 11.779 votos. Trump presionó repetidas veces al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que “buscara” votos adicionales que pudieran cambiar el resultado de las elecciones en el estado, parte de un plan para socavar la voluntad de los votantes.

Un gran jurado especial formado por Willis recomendó en febrero que se presentaran cargos en el caso; todavía se desconoce qué personas o acusaciones se incluirán en las recomendaciones del gran jurado o a quién podría intentar acusar Willis, si es que procede.

Una investigación del Departamento de Justicia federal dirigida por un fiscal especial, Jack Smith, también podría dar lugar a acusaciones formales contra Trump. Smith está investigando los intentos del expresidente de impedir el traspaso pacífico del poder el 6 de enero de 2021, cuando Trump incitó a una turba armada que atacó el Capitolio de Estados Unidos, amenazando a los legisladores allí reunidos para certificar los resultados de las elecciones presidenciales. Un informe del Senado realizado por los dos partidos concluyó que siete muertes estaban relacionadas con el ataque.

El equipo de Smith también está investigando al expresidente por su indebido manejo de los documentos clasificados que fueron retirados de la Casa Blanca y llevados a Mar-a-Lago, su residencia privada en Florida. En el caso se han recuperado unos 300 documentos clasificados. Los fiscales también están estudiando si Trump, sus abogados o miembros de su personal trataron de confundir a los funcionarios del Estado que pidieron la devolución de los documentos.

Además de los cargos penales, Trump se enfrenta a varias demandas civiles. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha demandado al expresidente por inflar de forma “flagrante” y fraudulenta el valor de sus activos inmobiliarios. Tres de los hijos adultos de Trump también figuran en la demanda. Un grupo de policías del Capitolio y legisladores demócratas han demandado al presidente, aduciendo que sus actos del 6 de enero incitaron a la turba que les provocó daños físicos y emocionales. E. Jean Carroll, una escritora que acusó a Trump de haberla violado, ha demandado al expresidente por difamación. Trump niega las acusaciones.

Sin duda, procesar al expresidente ahondará las divisiones políticas existentes que tanto daño han hecho al país en los últimos años. Trump ya ha avivado esa división, al tachar a los fiscales que están detrás de las investigaciones —varios de ellos personas negras— de “racistas”. Afirmó en un mensaje publicado en las redes sociales que sería detenido, y se dirigió así a sus simpatizantes: “¡PROTESTEMOS, RECUPEREMOS NUESTRA NACIÓN!”. Con ese lenguaje, estaba repitiendo el grito de guerra que precedió a los disturbios en el Capitolio. Las autoridades de la ciudad de Nueva York, que no se arriesgan a que se repitan los actos de los partidarios de Trump, se han estado preparando para la posible agitación.

Esas acusaciones del expresidente están claramente dirigidas a socavar las denuncias contra él, protegerse de las consecuencias de su mala conducta y utilizar los casos para su beneficio político. Los dos fiscales de distrito en estas causas son demócratas electos, pero su raza y sus afinidades políticas no tienen ninguna relevancia para los procesos judiciales. (Smith no está afiliado a ninguno de los dos partidos). No obstante, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, demostró de inmediato la intención de su partido de politizar la imputación al calificar a Bragg de “fiscal radical” que persigue “la venganza política” contra Trump. McCarthy no tiene la jurisdicción sobre el fiscal de distrito de Manhattan ni le corresponde interferir en un proceso penal y, sin embargo, se ha comprometido a que la Cámara de Representantes determine si la fiscalía de Bragg está recibiendo fondos federales.

La decisión de procesar a un expresidente es una tarea solemne, sobre todo teniendo en cuenta las profundas fisuras nacionales que Trump exacerbará, inevitablemente, a medida que se acerque la campaña de 2024. Pero el costo de no buscar la justicia contra un dirigente que puede haber cometido esos delitos sería aún más alto.