En el 2014, un año después de asumir la Presidencia de la República, Nicolás Maduro creó la Policía Nacional Anticorrupción, en el marco de una facultad extraordinaria otorgada entonces por la Asamblea Nacional. El pasado viernes 17 de marzo el organismo policial solicitó al Ministerio Público procesar a un grupo de funcionarios que podrían estar incursos en hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos, y que se desempeñaban en el poder judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías. Es decir, no se trataba como había ocurrido en 2018, de una operación limpieza sobre el alto nivel de la petrolera que abarcó a 90 gerentes, incluido a su expresidente Rafael Ramírez, sino de una acción política parecida a nivel de toda la estructura del Estado. ¿Qué había motivado ahora para la “caída y mesa limpia”? ¿Hasta dónde no privaban razones como la lucha por el control del gobierno y el partido PSUV, con miras electorales?

LOS DETENIDOS

Los primeros funcionarios detenidos y sometidos a juicio fueron José Mascimino Márquez García, juez Cuarto de Control con Competencia en Delitos Asociados al Terrorismo quien ha llevado la mayoría de los casos contra presos políticos; Cristóbal Cornieles Perret, Presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas: Joselit Ramírez, Jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip); Pedro Hernández Alcalde del Municipio “Santos Michelena” del Estado Aragua y el diputado y ex ministro de Educación Superior Hugbel Roa. Si bien las causas de las medidas son varias; habría de llamar la atención hasta convertirse en “escándalo nacional” lo relacionado con PDVSA, cuyo presidente Tareck El Aissami se encontraba fuera del país , renunció al cargo y fué sustituido horas después por el coronel e ingeniero Pedro Tellechea. El Aissami explicó en su cuenta de Twitter: “lo hago en virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA y con el objetivo de apoyar, acompañar y respaldar totalmente ese proceso”

PDVSA EN QUIEBRA

Si bien ya se conocía la grave situación de la estatal petrolera, agravada en los últimos años por la aplicación de las sanciones del gobierno de Donald Trump y mantenidas por Joe Biden, lo que se sabe ahora con el testimonio de Joselit Ramírez supera todas las estimaciones. PDVSA pasó de producir 3 millones de barriles al día en 1999, a rondar diariamente los 700.000 barriles debido a malas prácticas administrativas, la mayoría de la salida de su mano de obra calificada, la falta de mantenimiento de sus áreas operativas y, últimamente las sanciones según denuncian sindicalistas y expertos.

Según informa la agencia Reuters, los $ 21.200 millones en cuentas por cobrar, incluyen unos 3.600 millones de dólares en facturas potencialmente irrecuperables vinculadas a tanqueros que abandonaron el país sin pagar por adelantado al menos una porción del valor de los cargamentos, a pesar de haber aceptado esos términos. Para el economista Leonardo Vera “el manejo financiero y comercial de PDVSA se ha hecho en absoluta oscuridad; había muchísimos intermediarios a quienes PDVSA les entregaba barcos para cambiarlos por bienes y nadie consolidaba esas cuentas”.

La situación que presenta PDVSA en el marco de una grave crisis económica y social ha convocado necesariamente una respuesta nacional. El Presidente Nicolás Maduro, el Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López y el Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, han hecho un llamado a profundizar la lucha contra la corrupción no sólo en la estatal petrolera sino en buena parte de los poderes públicos como condición para asegurar la estabilidad institucional y la convivencia democrática del país. Incluso, voceros del gobierno de Estados Unidos, han expresado apoyo a esta operación, que sin embargo, para sectores de la oposición no pasa de ser un simple juego politiquero y con fines electorales para 2024 y 2025. Otros analistas consideran que se trata de un juego táctico dada la naturaleza del régimen madurista, toda vez que hace un par de años el presidente chino Xi Jinping, para consolidarse en el poder; recurrió a una campaña parecida; también se recuerda lo que en el pasado hiciera Fidel Castro en Cuba en los años ’80; en la llamada lucha contra el narcotráfico y que significó la prisión y la muerte del general Arnaldo Ochoa (héroe de África) y los hermanos La Guardia, todos ellos del entorno íntimo del propio Castro.