La reciente decisión del Tribunal Supremo de Inglaterra que niega la autoridad del Banco Central de Venezuela vigente en el caso de los más de mil millones de dólares en oro depositado en el Banco de Londres a favor de la solicitud del gobierno interino de Juan Guaido y la reciente apropiación del Boeing 747-200 de la línea Iran Air, pero propiedad de la Línea Nacional de Conviasa, constituye sin duda, un despojo de bienes nacionales, como consecuencia de la aplicación de las sanciones económicas comerciales de Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro. Ello define un acto claro de agresión a los intereses no solo del Estado, sino de la población venezolana, las cuales se vinculan con un conjunto de acciones similares aplicadas en los últimos años desde el 2017 por el gobierno de Donald Trump y en esencia mantenida por la gestión de Joe Biden.

A partir de hoy 7 de agosto, tras la toma de posesión de Gustavo Petro como Presidente de Colombia, como se espera anunciara el restablecimiento a todos los niveles de las relaciones colombo-venezolana, rotas en 2019 con el reconocimiento del mandatario Iván Duque al gobierno interino de Juan Guaidó dando paso a graves tensiones políticas con el Presidente Nicolás Maduro, y reflejadas en el agravamiento de los problemas fronterizos y el intercambio económico. El anuncio se hizo el 28 de julio en la ciudad fronteriza de San Cristóbal por los cancilleres de ambos países, Alvaro Leyba y Carlos Faría respectivamente. Entre los temas de consideración urgente se encuentra el destino de la empresa de fertilizantes Monómeros propiedad de Venezuela con sede en Barranquilla y ocupada por el “G-4”, el grupo de partidos opositores que aun sustenta a Guaidó con el apoyo de Washington y Bogotá; así como la situación creada por el torrente migratorio venezolano a las ciudades del vecino país.