PDVSA la compleja industria nacional
PDVSA en Terapia Intensiva
A-
A
A+
Más que una especulación periodística, hay certeza de que el alto gobierno considera más que posibilidad, la necesidad de abrir espacio para socios extranjeros, cuyo aporte resulta indispensable para las operaciones y el rescate financiero de PDVSA. Conviene recordar que cuando se aprobó la Ley de Nacionalización Petrolera en 1975 se incluyó un polémico artículo 5 que consagraba la posibilidad en el futuro de convenios con potenciales accionistas como socios o mediante mecanismos de cooperación directa en las distintas fases del negocio. El artículo fue aprobado pero con objeciones de los principales partidos opositores: Copei y MAS, que consideraban que la previsión legal podía prestarse para un retroceso en el proceso de toma por el Estado de la riqueza petrolera. Pasaron los años y PDVSA, manejada con un criterio comercial, competitivo y en armonía con la racionalidad del mercado, llegó a convertirse en una de las principales empresas del mundo; incluso durante el gobierno de Luis Herrera Campins y bajo la gestión del entonces ministro de Energía y presidente de la estatal, Humberto Calderón Berti, se inició el proceso de internacionalización mediante el cual fueron adquiridas importantes refinerías en Estados Unidos y en Europa (entre ellas la controversial empresa Citgo en EEUU) que facilitaban la exportación y refinación a la vez del crudo venezolano.
LA APERTURA
En los años 90, durante el segundo gobierno de Rafael Caldera y la gestión gerencial de Luis Giusti, se propuso, se discutió y se avanzó en la llamada “apertura petrolera” que permitió la presencia de empresas extranjeras y también nacionales en los proyectos de exploración y explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco; un proceso que fue cuestionado por sectores de izquierda encabezados por algunos especialistas como el caso de Álvaro Silva Calderón y Alí Rodríguez Araque, que años después llegaron a ocupar la presidencia de la compañía o el diseño estratégico a través del Ministerio de Minas.
La llegada de Hugo Chávez a la Presidencia de la República, habría de tener una decisiva influencia en el área energética. Los criterios aplicados para los ascensos gerenciales fueron interferidos por el interés político y más aún por la presión ideológica de un gobierno que se proponía cambios sustanciales en materia política pero también económica. La designación de nuevos gerentes y la aplicación de polémicos criterios administrativos, provocaron un enfrentamiento que en el año 2002 condujo al desconocimiento por Chávez de la cúpula gerencial de la empresa y la adopción de nuevos lineamientos operativos que provocaron un conflicto que se tradujo en el despido de 18 mil gerentes y altos empleados, y al poco tiempo el llamado “paro petrolero” en diciembre de ese año que se combinó con un paro nacional con severas consecuencias para la economía del país y que consagró el conflicto político y la polarización que aún subsiste. La recuperación de PDVSA resultó costosa en muchos sentidos y fundamentalmente en su diseño gerencial ya que por razones circunstanciales, en sintonía con la política asistencialista del régimen, PDVSA además de la principal empresa petrolera se convirtió en la práctica en un fondo social que financió planes asistencialistas como las Misiones; al tiempo que crecía el número de gerentes y empleados despedidos a niveles tales que habrían de suponer altos costos y compromisos.
El incremento de los precios del petróleo en el mercado internacional hizo que la situación interna de la empresa fuese ignorada mientras se generaban crecientes ingresos fiscales que ciertamente facilitaron nuevas inversiones sociales; incluso planes de alcance internacional como Petrocaribe, mediante el cual se ofrecieron ventajas de suministro a países vecinos o a aquellos que compartieran el modelo chavista. A partir del 2012 la situación cambió abruptamente con el descenso de los precios y el agravamiento del cuadro económico interno que forzaron además la confrontación política de 2014 y que todavía opera como un factor de grave complicación para la gobernabilidad. En este contexto se puso en claro la situación de la empresa sobre la base de proyectos que dejaron de funcionar o fueron pospuestos, como ha ocurrido recientemente con la explotación conjunta con Trinidad y Tobago de los yacimientos gasíferos en la zona, con la paralización de otras operaciones similares en las costas orientales y el estado Falcón. Al mismo tiempo se ha hecho público el grave deterioro operativo de la empresa, provocado entre otras por una generalizada corrupción de tal magnitud que en los últimos meses, según la Fiscalía General de la República, se han investigado, condenado y detenido noventa ejecutivos del más alto nivel. Es obvio que ello ha repercutido en la caída de la producción, en el cierre de pozos y últimamente en el virtual colapso de las instalaciones del Complejo Refinador de Paraguaná.
¿QUÉ HACER?
Una reciente publicación de la agencia Bloomberg daba cuenta de los pasos que se dan en procura de asociar empresas calificadas de Europa para apalancar las operaciones y más aún para fortalecer la capacidad financiera de la compañía. Ello por supuesto ha planteado un inevitable debate entre quienes consideran que sería conveniente un sistema de asociaciones pero sin que ello afecte la propiedad y el control de PDVSA en futuras inversiones y proyectos y quienes se inclinan por una suerte de privatización. El especialista Rafael Quiroz, por ejemplo, sostiene que existe de hecho una apertura que ha permitido que ahora operen empresa mixtas en la franja petrolífera y también en proyectos de explotación gasífera en los cuales participan importantes empresas europeas y de manera especial la poderosa empresa Rosneft; por lo que debería mantenerse ese criterio con las modificaciones del caso pero sin que se atente en el diseño de la política petrolera que resulta fundamental no solo para la economía que sigue dependiendo de la riqueza sino por cuanto que Venezuela asume hoy un importante papel geopolítico que la diferencia de otras naciones en el mundo de los hidrocarburos. Para el exministro Calderón Berti, en cambio, es necesario forzar acuerdos con empresas que aporten capital y tecnología si se toma en cuenta que PDVSA es una empresa en quiebra y que el Estado venezolano no dispone ni se vaticina que en el corto plazo pueda disponer de los recursos necesarios para estabilizar un ente que es el motor del funcionamiento económico del país, no solo del Estado. En opinión del analista Damián Alifa: “Lo primero que corresponde decir es que PDVSA, como lo establece el artículo 302 y 303 de la Constitución no puede ser privatizada; de manera que lo que pudiese estar hablando es de un cambio en la composición accionaria de las empresas mixtas petroleras ‘aguas arriba’ a favor del sector privado, como ya sucede en el área de refinación, y para ello solo se requiere un cambio en la Ley Orgánica de Hidrocarburos”. Para Alifa se trata de “una jugada desesperada del gobierno de Nicolás Maduro que ha visto descender vertiginosamente la producción petrolera por varias causas que venía arrastrando PDVSA y que se agravan con las sanciones norteamericanas. Una decisión como la que se comenta representaría una paradoja, tanto para la oposición como para el chavismo. Lo cierto es que tarde o temprano se van a tener que tomar medidas de este tipo en este o en otro gobierno, pues la industria petrolera está en terapia intensiva y ni las propuestas privatistas extremas, ni las estatistas a ultranza, podrán contribuir efectivamente, porque hacen falta flexibilizaciones, reingeniería de procesos, capacitación y mucha inversión para poder rehabilitar esta compleja industria nacional”.
LA APERTURA
En los años 90, durante el segundo gobierno de Rafael Caldera y la gestión gerencial de Luis Giusti, se propuso, se discutió y se avanzó en la llamada “apertura petrolera” que permitió la presencia de empresas extranjeras y también nacionales en los proyectos de exploración y explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco; un proceso que fue cuestionado por sectores de izquierda encabezados por algunos especialistas como el caso de Álvaro Silva Calderón y Alí Rodríguez Araque, que años después llegaron a ocupar la presidencia de la compañía o el diseño estratégico a través del Ministerio de Minas.
EL PARO PETROLERO
La llegada de Hugo Chávez a la Presidencia de la República, habría de tener una decisiva influencia en el área energética. Los criterios aplicados para los ascensos gerenciales fueron interferidos por el interés político y más aún por la presión ideológica de un gobierno que se proponía cambios sustanciales en materia política pero también económica. La designación de nuevos gerentes y la aplicación de polémicos criterios administrativos, provocaron un enfrentamiento que en el año 2002 condujo al desconocimiento por Chávez de la cúpula gerencial de la empresa y la adopción de nuevos lineamientos operativos que provocaron un conflicto que se tradujo en el despido de 18 mil gerentes y altos empleados, y al poco tiempo el llamado “paro petrolero” en diciembre de ese año que se combinó con un paro nacional con severas consecuencias para la economía del país y que consagró el conflicto político y la polarización que aún subsiste. La recuperación de PDVSA resultó costosa en muchos sentidos y fundamentalmente en su diseño gerencial ya que por razones circunstanciales, en sintonía con la política asistencialista del régimen, PDVSA además de la principal empresa petrolera se convirtió en la práctica en un fondo social que financió planes asistencialistas como las Misiones; al tiempo que crecía el número de gerentes y empleados despedidos a niveles tales que habrían de suponer altos costos y compromisos.
LA BENDICIÓN DE LOS PRECIOS
El incremento de los precios del petróleo en el mercado internacional hizo que la situación interna de la empresa fuese ignorada mientras se generaban crecientes ingresos fiscales que ciertamente facilitaron nuevas inversiones sociales; incluso planes de alcance internacional como Petrocaribe, mediante el cual se ofrecieron ventajas de suministro a países vecinos o a aquellos que compartieran el modelo chavista. A partir del 2012 la situación cambió abruptamente con el descenso de los precios y el agravamiento del cuadro económico interno que forzaron además la confrontación política de 2014 y que todavía opera como un factor de grave complicación para la gobernabilidad. En este contexto se puso en claro la situación de la empresa sobre la base de proyectos que dejaron de funcionar o fueron pospuestos, como ha ocurrido recientemente con la explotación conjunta con Trinidad y Tobago de los yacimientos gasíferos en la zona, con la paralización de otras operaciones similares en las costas orientales y el estado Falcón. Al mismo tiempo se ha hecho público el grave deterioro operativo de la empresa, provocado entre otras por una generalizada corrupción de tal magnitud que en los últimos meses, según la Fiscalía General de la República, se han investigado, condenado y detenido noventa ejecutivos del más alto nivel. Es obvio que ello ha repercutido en la caída de la producción, en el cierre de pozos y últimamente en el virtual colapso de las instalaciones del Complejo Refinador de Paraguaná.
¿QUÉ HACER?
Una reciente publicación de la agencia Bloomberg daba cuenta de los pasos que se dan en procura de asociar empresas calificadas de Europa para apalancar las operaciones y más aún para fortalecer la capacidad financiera de la compañía. Ello por supuesto ha planteado un inevitable debate entre quienes consideran que sería conveniente un sistema de asociaciones pero sin que ello afecte la propiedad y el control de PDVSA en futuras inversiones y proyectos y quienes se inclinan por una suerte de privatización. El especialista Rafael Quiroz, por ejemplo, sostiene que existe de hecho una apertura que ha permitido que ahora operen empresa mixtas en la franja petrolífera y también en proyectos de explotación gasífera en los cuales participan importantes empresas europeas y de manera especial la poderosa empresa Rosneft; por lo que debería mantenerse ese criterio con las modificaciones del caso pero sin que se atente en el diseño de la política petrolera que resulta fundamental no solo para la economía que sigue dependiendo de la riqueza sino por cuanto que Venezuela asume hoy un importante papel geopolítico que la diferencia de otras naciones en el mundo de los hidrocarburos. Para el exministro Calderón Berti, en cambio, es necesario forzar acuerdos con empresas que aporten capital y tecnología si se toma en cuenta que PDVSA es una empresa en quiebra y que el Estado venezolano no dispone ni se vaticina que en el corto plazo pueda disponer de los recursos necesarios para estabilizar un ente que es el motor del funcionamiento económico del país, no solo del Estado. En opinión del analista Damián Alifa: “Lo primero que corresponde decir es que PDVSA, como lo establece el artículo 302 y 303 de la Constitución no puede ser privatizada; de manera que lo que pudiese estar hablando es de un cambio en la composición accionaria de las empresas mixtas petroleras ‘aguas arriba’ a favor del sector privado, como ya sucede en el área de refinación, y para ello solo se requiere un cambio en la Ley Orgánica de Hidrocarburos”. Para Alifa se trata de “una jugada desesperada del gobierno de Nicolás Maduro que ha visto descender vertiginosamente la producción petrolera por varias causas que venía arrastrando PDVSA y que se agravan con las sanciones norteamericanas. Una decisión como la que se comenta representaría una paradoja, tanto para la oposición como para el chavismo. Lo cierto es que tarde o temprano se van a tener que tomar medidas de este tipo en este o en otro gobierno, pues la industria petrolera está en terapia intensiva y ni las propuestas privatistas extremas, ni las estatistas a ultranza, podrán contribuir efectivamente, porque hacen falta flexibilizaciones, reingeniería de procesos, capacitación y mucha inversión para poder rehabilitar esta compleja industria nacional”.
