El lunes 18 de octubre el gobierno de Lasso declaró estado de excepción por 60 días “por grave conmoción interna en todo el territorio nacional” por un “aumento de la actividad delictiva” a través de una cadena televisiva. Ese mismo lunes varias organizaciones indígenas rechazaron dos decretos aprobados por el mandatario y anunciaron nuevas movilizaciones. Esos decretos, según los indígenas, buscan duplicar la producción de petróleo y suavizar los controles ambientales establecidos para el beneficio de nuevas empresas mineras.

El estado de excepción consiste en controles de seguridad ciudadana, protección interna, prevención del delito y orden público, además de controles de armas, controles de tráfico de drogas, requisas de droga y patrullaje las 24 horas donde los militares, según el ejecutivo, trabajarán en coordinación con la policía bajo la “excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad” apegadas al “uso progresivo de la fuerza”. Lasso indicó que creará un Comité Interinstitucional que buscará detener adicciones a las drogas y reinsertar a los consumidores a la sociedad.

Sin embargo, se creó una polémica debido al anuncio de la creación de la Unidad de Defensa Legal. Este organismo protegerá legalmente a policías o militares que puedan ser demandados por acciones de seguridad. La medida provocó detractores y defensores. Por un lado, se defiende que la fuerza pública tenga un organismo que los respalde y, por el otro, se cree que esto podría proteger jurídicamente a los agentes que sean denunciados, por ejemplo, por homicidio culposo en caso de un asesinado accidental.

La ola de violencia en Ecuador es un problema tan grave que el velocista olímpico, Alex Quiñónez, fue asesinado a tiros. Su cuerpo yacía sobre una acera mientras su cuerpo derramaba sangre y las personas pasaban a su alrededor mirando el hecho mientras grababan. El hecho conmocionó al país. Según el recuento de las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) demostró que entre enero y agosto de este año son más de 16.000 robos a personas frente a los más de 12.000 registrados en el mismo período en 2020.

Dinased indicó que en 2020 fueron más de 1.300 homicidios. En lo que va de año, esta cifra supera los 1.800. El presidente aseguró que más de 70% de las muertes violentas ocurren en Guayas debido al vínculo con el narcotráfico.

El narcotráfico está estrechamente relacionado con los motines en las hacinadas, conflictivas y violencias cárceles de Ecuador. En lo que va de 2021, son más de 200 muertes registradas en las prisiones. Dentro de las cárceles hay grafitis de las dos bandas más pesadas del país: Los Lobos y Los Choneros, las cuales están acusadas de ser aliadas del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa que, se cree, están en guerra por el narcotráfico en el país sudamericano.

Es Ecuador el país clave en el paso de la cocaína de América del Sur hacia Estados Unidos y también Asia. Y estos no son los únicos dolores de cabeza de Lasso. El presidente está envuelto en el escándalo de los Papeles de Pandora que provocó que la fiscalía del país abriera una investigación por presunta defraudación tributaria luego de que la investigación periodística demostraba que tenía 14 empresas “off-shore”, la mayoría de ellas en Panamá. Lasso cerró las empresas en 2017 cuando entró en vigor una ley que prohíbe a los candidatos presidenciales tener empresas en paraísos fiscales. Todo Ecuador y Latinoamérica están a la expectativa de cómo se desarrollarán los acontecimientos en la delicada, vulnerable e inestable situación política y social que se encuentra el país actualmente.