Decenas de heridos en su mayoría jóvenes perdieron la vista por la infalible acción de la policía de Carabineros que apuntaban con precisión de oftalmólogos a los ojos de los manifestantes en una curiosa pero eficaz formula de represión. Cientos de detenidos, que en su mayoría aún esperan el dictamen de la justicia ordinaria y la extensión de las protestas en todo el país demostraban la necesidad de un reacomodo político. El propio gobierno de Piñera propició la convocatoria a lo que llamaron una convención constitucional a los meses siguientes conjuntamente con la elección de autoridades regionales y municipales. El llamado incitó al estímulo de nuevas organizaciones y alianzas partidistas. Un referéndum posterior determinó la convocatoria del evento con 155 convencionales con una composición distinta a las organizaciones tradicionales, incluso su presidenta por consenso Elisa Loncón de origen mapuche es un signo de los cambios en marcha. El escenario legislativo está dominado por los pactos “Apruebo Dignidad” de orientación de izquierda y “Chile Vamos” de centro izquierda, lo que relega las clásicas siglas del debate político. En paralelo se convocaron primarias entre ambos factores el 18 de julio del 2021 para escoger candidatos presidenciales para la elección prevista para el 21 de noviembre de este año en la cual destaca con la primera opción Gabriel Boric del Frente Amplio de izquierda, seguido por Sebastián Sichel de Chile Vamos (con el apoyo del presidente Piñera); Yasna Provoste de Nuevo Pacto Social (que incluye la democracia cristiana) y últimamente José Antonio Kast (Republicanos) con una posición de ultra derecha y quien según los sondeos de opinión politizarían la escogencia de noviembre. Muy en el marco de la cultura chilena se ha producido de hecho un significativo reacomodo partidista e institucional sin que sea producto de rupturas traumáticas.


EL ALTIPLANO

El 2019 se convocaron las elecciones presidenciales en Bolivia con la posibilidad de un nuevo mandato de Evo Morales y de su partido MAS frente a una alianza de políticos conocidos que le han enfrentado desde su primera elección en el 2005. Antes del acto comicial en la zona Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba se organizaron los llamados comités cívicos que previamente denunciaron la ilegitimidad de la consulta por cuanto Morales en una sentencia anterior se le prohibía una nueva presidencia. La situación se hizo particularmente tensa generando grandes protestas que como es costumbre provocaron la intervención militar que derrocó a Morales y designó a la opositora Jeanine Añez como presidenta provisional. Ello generó un cuadro de graves enfrentamientos al borde de la guerra civil pero pese a ello se convocaron a elecciones presidenciales un año después. En ella pese a la persecución e inhabilitación de los anteriores gobernantes se impuso la candidatura de Luis Arce frente a la pretensión reeleccionista de Añez. Por un tiempo parecía que se reencontraba el camino de cierta estabilidad institucional. Desde hace un mes se activaron de nuevo los comités cívicos dirigidos de nuevo por Luis Fernando Camacho ahora como gobernador de Santa Cruz de la Sierra, cuyo planteamiento con influencia en Cochabamba ha tomado las calles y planteado paros nacionales que reproducen la represión y los hechos de violencia que durante muchos años han caracterizado la política en el altiplano.

SORPRESA PERUANA

Martin Vizcarra sustituyo a Pedro Pablo Kuczynski como Presidente de Perú por una decisión parlamentaria y el 2019 el nuevo mandatario es también disuelve al poder legislativo poniendo en claro que la gobernabilidad en Perú pasa por el conflicto ejecutivo-legislativo. Posteriormente Vizcarra es sustituido por la misma vía por Manuel Arturo Merino y este el 2020 por Francisco Rafael Sagasti quien debió convocar elecciones presidenciales el 2021. En la acción parlamentaria ha pesado la influencia del partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori que ha promovido las acciones anteriores. Sagasti convocó a elecciones presidenciales que en la primera y segunda vuelta suponen una sorpresa histórica. Todo indicaba que la Fujimori que aspiraba por tercera vez a la Presidencia, dado el apoyo de sectores económicos limeños, podría recuperar el mando que perdiera su padre en el 2000.

 
Surgió sin embargo una sorpresa. A dos semanas de la elección apareció el nombre hasta entonces desconocido para el país de Pedro Castillo, maestro rural vinculado al parido Perú Libre de Vladimir Cerrón a quien se asocia en el pasado con el grupo de terrorismo rural “Sendero Luminoso”. Contra la creencia generalizada, Castillo obtuvo la victoria en la primera y segunda vuelta y si bien es cierto que su elección fue cuestionada como fraudulenta por la Fujimori dando paso a varias semanas de expectativa y reconteo, al final fue proclamado como Presidente de la República para un mandato seguramente caracterizado por la inestabilidad y a merced del juego de intereses que desde el Parlamento deciden la política en el país. Si bien existía la sospecha, amplificaba por una fuerte campaña mediática que su gestión podría estar influida por la izquierda cubana, venezolana y nicaragüense; el hecho cierto es que en sus primeros pasos se ha encontrado con la resistencia, como era previsible, de la mayoría parlamentaria influida por la Fujimori, hasta el punto que la mayoría de sus ministros han sido impugnados y se han visto obligados a renunciar y que todos sus pasos sean celosamente vigilados por el Parlamento. En la práctica se da un caso curioso, Castillo es el Presidente pero los principales pasos de su gestión lo decide el factor legislativo que ya ha dado cuenta de varios presidentes destituidos con el curioso delito de “vacancia moral”. Todo indica que el gobierno de Castillo no dispondrá de los recursos de gobernabilidad mínimos y más aún cuando en el país crece la violencia, los niveles de desigualdad social y en este caso convertido en un problema de primer orden el tema de la pandemia del Covid19.

AL FIN, LASSO

El 2019 Ecuador conoció de nuevo movilizaciones y protestas de las organizaciones indígenas que ocuparon varias ciudades y que resentían las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno quién con el apoyo de la Revolución Ciudadana” de Rafael Correa había derrotado en 2017 a Guillermo Lasso empresario de la banca de Guayaquil y quien aspiraba por tercera vez a la Presidencia por su partido CREO. Moreno electo rompió temprano con Correa (hoy exiliado en Bélgica) y sus principales colaboradores fueron deportados o presos. Al mismo tiempo Moreno estableció relaciones de colaboración con Lasso quien de manera no formal apoyó sus políticas. En la segunda vuelta de las elecciones 2021 celebradas el 11 abril Lasso, también con apoyo del partido socialcristiano derrotó a Andrès Arauz aspirante de Correa y quien había obtenido la victoria en la primera ronda de votación. Sin la mayoría parlamentaria, con la cerrada oposición correista, y un cuadro económico con una deuda externa de 70.000 millones de dólares y con el saldo de la pandemia del Covid19 que ha incrementado en 5,7% el desempleo, y que estimula la ya crónica protesta social en el país. La aparición de la investigación Pandora Papers que incluye a Lasso quien como empresario asume su responsabilidad en las operaciones en los paraísos fiscales, y que incluso había aparecido anteriormente en los Panamá Papers, propuso y se aprobó una disposición oficial que prohíbe a funcionarios la ya conocida práctica financiera. De allí que ahora la oposición ecuatoriana inicie en su contra una investigación y posiblemente un juicio por violar lo que se considera una medida que garantiza una mayor pulcritud y transparencia en el manejo de los dineros públicos. Mientras tanto cobran fuerza nuevas movilizaciones y protestas especialmente en Quito y Guayaquil. Sin duda un cuadro aún más complicado para el banquero Presidente.

VIOLENCIA ESTRUCTURAL

El 21 de noviembre del 2019 se considera un día histórico en la vida colombiana porque por primera vez un país sin tradición de protestas y una conflictividad política armada en las zonas rurales, se convocó un exitoso paro nacional que si bien fue auspiciado por las centrales obreras, se convirtió en una acción contra las reformas de pensiones, laboral y educativa del presidente Iván Duque y a favor del Acuerdo de Paz con la FARC el 2016.

 
En un país conocido por una histórica “violencia estructural”, a partir de entonces se han hecho comunes las manifestaciones cívicas, las acciones de las organizaciones de la sociedad civil y la emergencia de nuevos liderazgos, así como el desbordamiento de la violencia social que se expresa diariamente en masacres y asesinatos de los llamados “líderes sociales”. Una situación que desborda de hecho la propia capacidad de las fuerzas policiales regulares y del ámbito puramente judicial que da paso cada vez más al control de un ejército que esta inserto en una guerra además con apoyo internacional, de tal manera que ya no se trata solamente de la necesaria lucha contra el narcotráfico, sino que debe ocupar nuevos espacios que tienen que ver con la vida ciudadana. Un fenómeno que se expresa también en el debilitamiento de las organizaciones políticas tradicionales y la aparición de grupos que además de su rechazo al gobierno de Duque plantean por primera vez la necesidad de cambios sociales urgentes al margen de la llamada élite gobernante. Una situación que cobra fuerza de cara a la elección presidencial del próximo año donde en un escenario desconocido en Colombia, apunta con opción ganadora un candidato de izquierda ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Colombia no podía escapar a un estremecimiento político que registra la zona. Como señala el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz: “El malestar en América Latina tardó mucho en manifestarse”.