Para la conservación y mantenimiento de la paz social pero en mano de la justicia, el rol del Fiscal General de la República, debe estar ceñida su actuación para el justo ejercicio de la administración de Justicia, en el estricto cumplimiento de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En las leyes venezolanas, el Fiscal está obligado actuar con objetividad, imparcialidad, de buena fe, con independencia en las investigaciones y al uso del ejercicio de la acción penal bajo las garantías de una justicia transparente, eficiente, eficaz, honesta, con pleno sometimiento a las leyes y el respeto del debido proceso.

Igualmente está obligado de prescindir de cualquier interés personalista, cual fuera la naturaleza ya constituido o que se pretenda constituir sobre los intereses y derechos fundamentales de los ciudadanos y la justicia, apartado a cualquier orientación política o proselitismo político.

Teniendo como norte salvaguardar y velar por los derechos y garantías que le otorgan las leyes a todos los ciudadanos, debe velar por la integridad de la nación, de su patrimonio público y de todo cuanto la ley lo faculta para mantener los fines esenciales de la defensa y el respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos, al ejercicio democrático de la voluntad popular.

Contribuir a la construcción de una sociedad justa, amante de la paz, la prosperidad, la igualdad, al bienestar del país, a la vida y la libertad, como también a la pluralidad, a la ética pública, como valores que insta al servidor público, como lo dicta nuestra carta magna.

Por lo tanto la elección para el cargo de Fiscal General de la República, esa tan sagrada y noble responsabilidad debe estar en mano de un profesional que cuente con las condiciones idóneas, académicas, prácticas, auténticas y reales para hacer valer el Estado de Derecho Constituido, se debe evitar para quien están facultado de su elección, que sea basada la misma bajo los vicios de intereses personalistas y nos los de nuestro país.