El 21 de noviembre se cumplen 68 años de haberse realizado la huelga estudiantil universitaria en contra de la dictadura que por diez años le impuso a nuestro país el general Marcos Pérez Jiménez, apoyado por el Departamento de Estado norteamericano, la burguesía nacional, las camarillas militares retrógradas y algunos sectores políticos, sindicales y eclesiásticos antidemocráticos. El origen de ese régimen de facto hunde sus raíces un 24 de noviembre de 1948, cuando un movimiento castrense derroca al presidente Rómulo Gallegos y a su partido Acción Democrática (AD). La dirección del Estado venezolano de inmediato la asume una Junta Militar de Gobierno constituida por un triunvirato de oficiales que presidía el Coronel Carlos Delgado Chalbaud Gómez y la integraban además Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. En su primera declaración pública, con la que intentan justificar su comportamiento, exponen que insurgían en armas para acabar con el “…sectarismo de Acción Democrática, su abusivo ejercicio del poder y por el incumplimiento del presidente Gallegos con un pliego de reivindicaciones presentado por el alto mando militar.” Entonces parecía comenzar en Venezuela otra larga “hora menguada”, similar a aquella que concluyó cuando el desprevenido “enterrador de la comarca” arrojó la última palada de tierra sobre la sepultura de Juan Vicente Gómez, quien terminó su ciclo biológico el 17 de diciembre de 1935.

 
El 13 de noviembre de 1950, en circunstancias aún no suficientemente aclaradas por la historiografía, es asesinado el Coronel Carlos Delgado Chalbaud , a quien ciertos sectores socialdemócratas y de izquierda consideraban un oficial sin vocación dictatorial y ganado en la idea de enrumbar al país por la vía de la democracia liberal representativa y totalmente distinta a la ominosa intención que tenían sus compañeros de aventura por imponer una dictadura militar para favorecer la acumulación de capital de la burguesía nacional que había empezado a consolidar su privilegiada posición económico-social gracias a los cambios acelerados que el negocio petrolero introducía (modelo rentístico) y al incremento de los ingresos fiscales por la cada vez mayor expansión del consumo de este recurso en el mercado mundial. Algunos historiadores sostienen que todos los protagonistas de esta asonada castrense estuvieron de acuerdo con ese mismo proyecto anti-popular, que su conducta obedeció a presiones externas y que actuaron en función de sus intereses espurios y personales. Aseguran que esa conclusión está suficientemente respaldada por el contenido del acta que ellos suscribieron al momento de la toma de posesión. Por esa razón, es perfectamente comprensible que después del asesinato del Coronel Carlos Delgado Chalbaud Gómez, la situación política cambiara totalmente su perspectiva.

La Junta de Gobierno que pasó a ser dirigida por el doctor Germán Suárez Flamerich, acompañado del Coronel Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez, el 19 de abril de 1951, promulga un nuevo estatuto electoral que establece el voto obligatorio para los mayores de 21 años y convoca a elecciones nacionales para el 30 de noviembre de 1952 a fin de elegir una Asamblea Constituyente que aprobara otra Constitución. Para participar en ese proceso, el gobierno se organiza creando su propio grupo político al cual identifica como Frente Electoral Independiente (FEI). Mientras tanto, los opositores, a pesar de las condiciones desventajosas en las que quedan obligados a actuar, se expresan a través de los partidos que aún tenían vida legal: Unión Republicana Democrática (URD), fundado por Jóvito Villalba, así como el Partido COPEI, liderado por Rafael Caldera. La jornada electoral tuvo lugar el 30 de noviembre de 1952 pero sus resultados no se publicaron lo que consumó un gran fraude que desconoce y arrebata la victoria a los urredistas.

Desoídas las protestas y quejas provenientes de toda la comunidad nacional, el 2 de diciembre de ese mismo año se proclaman ganadores a los candidatos del FEI y se concreta la patraña urdida por la camarilla militar gobernante para que Pérez Jiménez lograra el control absoluto del poder, quien dos días después (4.12.1952), asume la Presidencia Provisional del gobierno y en abril de 1953, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, lo ratifica como Presidente de Venezuela.

Con ese giro, la dictadura es matizada de legalidad constitucional y ahora apoyada sin discreción por la administración norteamericano, por la burguesía interna y por sus socios externos. En poco tiempo crea un tenebroso aparato represivo bajo la coordinación de la llamada “Seguridad Nacional” (organismo supra-militar) cuya única misión era espiar, censurar la prensa, perseguir, encarcelar, torturar y asesinar a los adversarios. Las organizaciones políticas más radicales (Partido Comunista y Acción Democrática) son tempranamente ilegalizadas y sus dirigentes sometidos a los peores riesgos, por lo que se ven obligados a pasar a la clandestinidad. El país vive en medio de una gran vorágine e incertidumbre en la que el pueblo trabajador es despojado de los pocos logros democráticos que con mucha lucha había conquistado desde 1936.

La mayor parte de las naciones de América Latina corren la misma suerte y son dominados por la bota de un gendarme que, prepotente y criminal, se siente seguro de no ser juzgado jamás por sus tropelías y crímenes, sobre todo por la confianza que le da el hecho de saberse apoyado por el imperio norteño y sus monopolios, beneficiarios directos de gobiernos cipayos que, mientras negociaba los recursos naturales a precio de “gallina flaca”, no escatimaban esfuerzos para destruir la resistencia popular que luchaba para evitar esa entrega.

Y es que tan manifiesta fue la intervención norteamericana en Venezuela en favor de la dictadura, que en marzo de 1954 se realizó en Caracas la X Conferencia Interamericana y en ella el principal acuerdo fue la lucha contra “el comunismo”, lo que luego sirvió a los dictadores en los foros mundiales como excusa para cometer sus barbaridades y crímenes.

En esa oportunidad, el Departamento de Estado de los EEUU, a través del tristemente célebre Foster Dulles, impuso al tirano Pérez Jiménez la condecoración “Legión al Mérito en grado de Comandante en Jefe”, lo cual significó una clara aprobación a su política represiva impuesta en nuestro país. Para 1956-1957, las inversiones petroleras norteamericanas se situaron en 2.206.000.000 bolívares y las utilidades por ese mismo rubro ascendieron a bs 2.115.000.000, lo que representaba el 29 % del capital invertido en la patria de Bolívar.

En esos años, las empresas de los hidrocarburos reciben 223.143 nuevas hectáreas en concesiones, y el Fisco obtiene por ello 2.189.000.000 bolívares, pero a pesar de las grandes inversiones en obras públicas monumentales, la corrupción se multiplicaba entre las cúpulas militares, civiles y empresariales que gozan del festín petrolero. Ya para finales de 1957, el período presidencial establecido en la Constitución de 1953 había vencido, por lo que el descontento generalizado de toda la población fue canalizado por la oposición exigiendo se realizaran elecciones y la respuesta de la dictadura fue multiplicar la represión.

Se trataba de 10 largos años de ignominia y autoritarismo que empezaban a hacer crisis generalizada en la sociedad. Los partidos políticos,, habían sido proscritos. Frente a esas circunstancias, el gobierno castrense intenta buscar una salida a su progresivo aislamiento e inventa la engañifa opción de una consulta plebiscitaria que habría de realizarse el 15 de noviembre de ese mismo año y cuyo plan contemplaba, de acuerdo a lo dicho por el propio Marcos Pérez Jiménez, en una fórmula en donde sólo era posible su ratificación: “…el mayor número de habitantes pueda manifestar libremente lo que piensa de su gobierno, y al efecto, se propone la realización de un plebiscito, mediante el cual se determinará si está de acuerdo con las ejecutorias del régimen, y por consiguiente, si considera que la persona que ha ejercido la Presidencia de la República en este periodo debe ser reelegida”.

Ahora bien, aunque la farsa se cumplió, el pueblo no la creyó y como bien dice el proverbio popular “más rápido se cae una mentira que un cojo”. La lucha antes que apagarse fue en ascenso bajo la dirección de la llamada Junta Patriótica que era un organismo creado por iniciativa de URD y Partido Comunista desde el 11 de junio de 1957, y luego ampliada con la incorporación de COPEI y AD. De inmediato, este grupo unitario asume la tarea de generar el más amplio apoyo y coincidencias de todos los sectores nacionales en torno al sentimiento anti-dictatorial, genera directrices, produce actividades propagandísticas llamando a la rebelión y en todo el territorio nacional se constituyen sus núcleos de apoyo. En octubre de ese mismo año, esa organización y el Frente Estudiantil Universitario (el cual actuaba desde abril), y el de los liceos, se encuentran y coordinan acciones de agitación permanente que se llevan a cabo hasta la caída y salida del dictador.

Una de esas importantes presiones populares fue la huelga que el 21 de noviembre de 1957 llevaron adelante los estudiantes universitarios de Caracas, la cual recibió todo el apoyo de los muchachos de secundaria y de los barrios populares caraqueños y otras regiones. De tal forma que con ello se preparó la insurgencia definitiva y, a pesar de la brutal represión desatada por los esbirros del régimen militar, la militancia joven arreció la resistencia y contribuyó al éxito de la gran huelga general insurreccional del 21 de enero que fue el preludio del día 23 del mismo mes del año 1958, cuando se produjo el desplome definitivo de aquel gobierno oprobioso. Esa jornada consagró para siempre a aquella juventud rebelde que en ese momento crucial de nuestra Patria entregó hasta su vida y lo hizo con ética revolucionaria, arrojo, valentía y honor. Sin dudas, fue una gesta memorable que todos los venezolanos deberíamos recordar con respeto y admiración.