Pocas veces Estados Unidos ha emprendido una ofensiva militar tan amplia y, al mismo tiempo, tan solitaria como la escalada que desarrolla en el Caribe. Para lo que hace, y para lo que anuncia que hará, no ha conseguido respaldo. Ni Europa, ni América Latina, ni los organismos multilaterales acompañan esta deriva. No es solo Rusia o China, sino que también Reino Unido y Francia consideran los ataques realizados en aguas caribeñas contrarios al derecho internacional. Brasil, México y Colombia los han rechazado explícitamente, y en la Unión Europea los dirigentes prefieren la distancia prudente a la complicidad.

Incluso dentro del propio Congreso estadounidense, la iniciativa ha generado fracturas: la mitad del Senado la considera ilegal y ha exigido al presidente que someta cualquier acción militar a su autorización. Analistas de distintas corrientes, desde The Washington Post hasta The American Conservative, dos publicaciones representativas del propio establecimiento, coinciden en que una invasión a Venezuela sería un desastre político y estratégico.

La ofensiva militar en curso contradice el discurso del movimiento MAGA, que rechaza las “guerras interminables” y el intervencionismo clásico. Sin embargo, ese discurso trumpista no ha impedido que el viejo reflejo imperial resurja con fuerza.

A Trump lo mueve una mezcla de supremacismo, revancha personal por el fracaso de su anterior gestión y el cálculo petrolero. En Carolina del Sur, durante la campaña, electoral ya lo había dicho abiertamente: “Venezuela podría haber caído en nuestras manos con todo su petróleo durante mi primer mandato”. Esa frase resume todo. Trump percibe el petróleo venezolano tanto como una fuente de poder económico, como una compensación simbólica.

Detrás de la amenaza militar a Venezuela se esconden problemas energéticos de Estados Unidos. Los yacimientos de petróleo de esquisto están llegando a su límite geológico y económico. Según estimaciones de analistas sectoriales basadas en datos de la IEA y EIA, las cuencas de petróleo de esquisto de Texas y Dakota del Norte podrían tener vida rentable limitada, del orden de una década, ante el alza de costos y la caída en productividad. El costo de extracción aumenta, la inversión privada se reduce, mientras las reservas estratégicas se encuentran en niveles bajos, por lo que la dependencia del petróleo importado volverá a crecer.

En ese escenario, las enormes reservas venezolanas aparecen como una tentación irresistible. Si Estados Unidos lograra conquistar militarmente a Venezuela o imponer un gobierno, esas reservas serían, en la práctica, una anexión energética. Sería como si un nuevo “estado” estadounidense tuviera la principal fuente de petróleo del mundo, un enclave con más petróleo que Texas. Una conquista que alteraría el equilibrio geopolítico mundial, dando a Estados Unidos un poder petrolero comparable y, en alguna medida superior al de Rusia o Arabia Saudita.
Esa es una de las razones detrás del despliegue militar en el Caribe, los ataques a embarcaciones y las amenazas de intervención. No se trata de “luchar contra el narcotráfico” ni de “restaurar la democracia”, sino de controlar el subsuelo de un territorio cercano a Estados Unidos.

RACIONAL

Aun así, existe un camino racional para abordar la situación: un acuerdo pragmático entre los dos países que combine cooperación petrolera, coordinación en la lucha contra el narcotráfico y acuerdos de deportación. Ese entendimiento sería posible si prevaleciera la lógica del interés mutuo sobre la del trofeo personal. Pero la política exterior de Estados Unidos se mueve hoy dominada por la nostalgia imperial y la necesidad de reafirmación simbólica.

COOPERACIÓN

Lo que está ocurriendo se inscribe en un proceso que desborda el marco hemisférico y es parte de un cambio de época. El pulso por el petróleo venezolano coincide con la transición hacia un orden mundial multipolar, en el que los recursos naturales ya no pueden ser apropiados de manera unilateral por una potencia hegemónica. Este desplazamiento histórico no elimina la lógica de las esferas de influencia, pero transforma su naturaleza: las relaciones, los tutelajes serán reemplazados, poco a poco, por vínculos de cooperación soberana, donde cada Estado conserva su autonomía. Como ha señalado la economista Maribel Aponte García, se trata de avanzar hacia una cooperación que fortalezca las capacidades nacionales. En lugar de “patios traseros”, se trata de construir espacios de cooperación, sin anexiones encubiertas bajo formas modernas de protectorado, como las de Puerto Rico o Panamá.

REDILES

Una invasión a Venezuela, y la resistencia que esta generaría, tienen hoy un significado distinto al de las intervenciones tradicionales de otras épocas. Se trata de un conflicto que trasciende su dimensión nacional y que expresa una redefinición de las reglas del sistema internacional. Ya no se trata únicamente de defender un territorio o un gobierno, sino de afirmar la idea de que las zonas de influencia ya no pueden operar como antes, bajo esquemas de subordinación o tutela. El siglo XXI no pertenece a los rediles ni a los cotos cerrados, sino a la interdependencia, a las relaciones de cooperación simultánea con múltiples actores, construidas sobre la base de la soberanía nacional.