Rafael Simón Jiménez
La evolución constitucional de Venezuela, a lo largo de todo el siglo XIX y las primeras décadas del XX, estuvo condicionada a los caprichos, las arbitrariedades y los antojos del caudillo de turno, que la adecuó a sus conveniencias personales. Existieron sin embargo distinguidas excepciones, la primera de ellas fue la de 1830 sancionada para dar entidad de República Independiente a Venezuela, luego del fallido ensayo gran colombiano. Ese texto buscaba a pesar del protuberante liderazgo de Páez, dar institucionalidad al país, y a contrapelo de los intereses del héroe de la Independencia, fijó en cuatro años la duración del período presidencial y estableció el principio de la no reelección inmediata, lo que entre otras insólitas consecuencias permitió que un científico y un civil, sin charreteras ni glorias castrenses, el Dr. Josa María Vargas, sustituyera al caudillo en la Presidencia.
La Constitución de 1830, será la más perdurable de los textos fundamentales del siglo XIX venezolano, y su pretensión de modificarla y adaptarla a las pretensiones continuistas de José Tadeo Monagas, traerá la contradictoria alianza de liberales y conservadores para echarlo del poder, dando paso a la Constituyente de Valencia presidida por el gran Fermín Toro, que a pesar de sus grandes debates y elaboraciones teóricas, solo servirá para abrir las puertas a la larga y desgarradora Guerra Federal. A partir de allí, cada Constitución tiene el sello personal de su promovente, llámese Falcón, Guzmán Blanco, Andueza o Crespo, y cada nuevo texto será un “traje a la medida “de sus propósitos y ambiciones.
LLEGAN LOS ANDINOS
Nada cambiará en ese desafuero, cuando en 1899 lleguen al poder los andinos al mando de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, el jefe del Ejército Expedicionario convertido en Presidente pronto adecuará la Carta Magna a sus objetivos de perpetuarse en el poder, primero en 1901 y luego en 1904; Castro modifica la Constitución para alargar el período constitucional, y eliminar la elección directa del Jefe de Estado impulsada por Joaquín Crespo. Cuando la enfermedad que lo agobia lo obliga a viajar a Europa en busca de alivio, con las consecuencias políticas ya conocidas, el belicoso jefe de la República alentaba una nueva reforma constitucional que lo consagrara como Presidente vitalicio de Venezuela.
Sin embargo será su compadre, defenestrador y sucesor Juan Vicente Gómez, quien rompa records a la hora de impulsar reformas para adecuar la Carta Fundamental a sus caprichos: primero en 1909, luego del Golpe de Estado que lo eleva al poder, promueve una reforma constitucional que tenía ribetes liberales y democráticos acortando a cuatro años el período presidencial, impidiendo la reelección inmediata, y creando un Concejo de Estado que integrado por lo más granado del caudillaje histórico actuaba como órgano asesor y consultor de las decisiones del Ejecutivo. En 1914, cuando ya se quita la máscara y descubre sus planes de eternizarse en el mando, Gómez hace sancionar una nueva Carta política, que eleva a siete años el período presidencial y que no coloca impedimentos a la reelección.
¿MONARQUÍA?
Luego cuando además de querer morirse en ejercicio del poder, acaricia también la idea de una monarquía Gómez, con derecho de sucesión familiar, el dictador ordena a sus incondicionales que fungen de legisladores modificar en 1922, 1925 y 1928 la Carta Magna, para crear la primera y segunda Vicepresidencia de la República en las que coloca a su hermano Juancho y a su hijo José Vicente, y muerto el primero reduce a una las Vicepresidencias y finalmente caído en desgracia familiar su hijo. Ordena al Congreso una nueva modificación para eliminarlas. Igualmente Gómez creará la jefatura del Ejército como verdadera instancia de poder para ejercerla continuamente aún cuando en Miraflores y para razones meramente protocolarias, aparezca un “monigote “o un “hombre de paja “como Jefe del Estado.
En 1929 y en 1931, serán las últimas reformas constitucionales gomecistas, y de nuevo aparecerán como razones personales del omnímodo gobernante, la de separar o fusionar la jefatura del ejército con las de la Presidencia de la República, pues en 1929 el Congreso por instrucciones directas del dictador elige como primer mandatario nacional al Dr. Juan Bautista Pérez, reservándose e la Comandancia de las Fuerzas Armadas, y luego cuando en 1931, el mismo Congreso decide destituir al Presidente y designar al ya anciano déspota para terminar su período, se vuelven a fusionar en una sola autoridad la jefatura militar y la Primera Magistratura. No sin razón existía por esos tiempos una anécdota que le atribuía al general Gómez, una patética definición, de lo que él entendía por Constitución, afirmando que era un “librito que se modificaba todos los años, y se violaba todos los días.”