El mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso, ante un juicio que implicaría seguramente su destitución, decidió el 17 de mayo la aplicación del mecanismo constitucional de la “muerte cruzada” para disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias en el lapso de siete días para realizarse en un plazo máximo de 90 días. El curioso mecanismo fue consagrado en la Constitución de 2008 durante el gobierno de Rafael Correa como un recurso legal para abordar las frecuentes crisis de gobernabilidad de la región. Hasta que se instale la nueva Asamblea, Lasso gobernará por decreto con el visto bueno del poder judicial.



EL JUICIO

Lasso se encontraba entre “la espada y la pared” al comenzar el martes anterior, un juicio político en su contra en la Asamblea Nacional con mayoría opositora liderada por Unión por la Esperanza (UNES) el partido del expresidente Rafael Correa, asilado en Bélgica. Lasso es acusado del delito de peculado (malversación de fondos) por no dar por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados del petróleo, lo que supuestamente habría causada “graves perjuicios económicos a las arcas estatales”.





LA CRISIS

Mientras las elecciones para elegir Presidente y el nuevo Parlamento se programan para el mes de agosto, Ecuador vive una grave crisis política cuyo nivel explica lo ocurrido con Lasso, y un cuadro social con la expansión de la violencia rural, el narcotráfico y las protestas indígenas, todo ello agravado por la caída de los indicadores económicos. Un escenario que reproduce la conflictividad institucional del vecino Perú, y en general la región andina.