La Ley Orgánica de Extinción de Dominio (G.O. Extraordinario N° 6.745, 28 de abril de 2023) introdujo en Venezuela una herramienta novedosa en la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y la legitimación de capitales. Aunque su finalidad es claramente pública, sus efectos se proyectan inevitablemente sobre la actividad privada. Por ello, los empresarios y profesionales deben entender cómo se vincula esta figura con el compliance corporativo, y por qué las buenas prácticas son cada vez más relevantes en la construcción de confianza y sostenibilidad.

La extinción de dominio se caracteriza por ser jurisdiccional, imprescriptible y de naturaleza real, lo que significa que recae directamente sobre los bienes y no depende de la responsabilidad penal de su titular. De allí se desprende un elemento clave: el derecho de propiedad se protege plenamente solo cuando el origen del patrimonio es lícito y demostrable.

En la práctica, esto obliga a las empresas a repensar su forma de documentar y justificar sus operaciones. La ley introduce, por ejemplo, la posibilidad de cuestionar incrementos patrimoniales no justificados o bienes adquiridos mediante estructuras opacas. Ante tales escenarios, el compliance deja de ser una formalidad y pasa a ser una herramienta de gestión preventiva.

Algunas líneas de acción que ya forman parte de las mejores prácticas internacionales y que cobran fuerza en nuestro entorno son:

Debida diligencia: conocer a los clientes, socios y proveedores, no solo en términos comerciales, sino también en relación con su integridad y antecedentes.

Transparencia financiera: registros claros y trazabilidad de cada operación, que permitan demostrar origen y destino de los recursos.

Controles internos efectivos: políticas contra la legitimación de capitales y procesos de auditoría periódicos.

Cultura corporativa: sensibilizar al personal sobre la importancia de la legalidad y la ética en cada nivel de decisión.

Más que un requisito legal, estas prácticas fortalecen la confianza de los inversionistas, acreedores y aliados estratégicos, convirtiéndose en un activo intangible que diferencia a las organizaciones.

La relación entre extinción de dominio y compliance revela un mensaje de fondo: la legalidad y la transparencia son condiciones necesarias para el desarrollo empresarial en el país. Las compañías que adopten políticas de cumplimiento sólidas no solo estarán mejor preparadas para afrontar posibles investigaciones, sino que también proyectarán solidez y credibilidad en un entorno económico cada vez más exigente.

El reto, en definitiva, consiste en integrar el cumplimiento normativo a la cultura empresarial, no como una carga adicional, sino como una inversión en sostenibilidad y reputación a largo plazo.

Artículo realizado por: Abogado Andrés Monnot Isamberth – Presidente de AZA

Las opiniones expresadas en este texto son propias del autor y no reflejan necesariamente la posición de AZA como Escritorio Jurídico.