La figura presidencial en Estados Unidos ostenta un poder significativo en materia económica, pero su capacidad para implementar medidas de amplio alcance, como los aranceles, está sujeta a restricciones legales y políticas. Un caso emblemático es el uso de tarifas como instrumento de política económica por parte del expresidente Donald Trump, quien argumentó que los déficits comerciales constituían una emergencia nacional. Sin embargo, esta postura generó controversia en el Congreso y en los tribunales, mostrando los límites institucionales que enfrenta el Ejecutivo.

La Presidencia y las Restricciones Institucionales
El Congreso de EE.UU. posee la autoridad para aprobar aranceles, según la Constitución. No obstante, algunos presidentes han intentado eludir esta restricción apelando a leyes como la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977. En este contexto, Trump impuso aranceles a múltiples naciones, incluyendo Canadá, China y México, con la justificación de proteger la economía y combatir el flujo ilegal de inmigrantes y sustancias ilícitas.

Los demandantes de estos casos han sostenido que el déficit comercial no cumple con el criterio legal de emergencia, pues EE.UU. ha mantenido esta situación económica por casi cinco décadas. A su vez, los tribunales han debatido si el Ejecutivo tiene la facultad de determinar cuándo una crisis económica amerita medidas extraordinarias, limitando así la discrecionalidad presidencial.

Impacto Global y en Venezuela
Los aranceles impuestos en momentos clave han tenido efectos inmediatos en los mercados financieros, sacudiendo el comercio global y afectando a economías emergentes como la venezolana, que podrían representar una amenaza a nivel competitivo para los intereses norteamericanos de Latinoamérica y el Caribe.